Las playas privadas de Italia han sido escenario de protestas en rechazo a la decisión del Gobierno de llevar a cabo concursos públicos para la gestión de estos espacios, en cumplimiento de normativas europeas. Esta medida ha generado controversia y movilizaciones entre los gestores de estos establecimientos a lo largo del litoral italiano.
Los «establecimientos playeros» en Italia abarcan aproximadamente el 33% de las playas y zonas costeras del país, ocupando un lugar significativo en el dominio público. La concesión de estas playas ha sido objeto de debate durante años, ya que las licencias se otorgaron décadas atrás sin concurso público y se han ido renovando automáticamente, lo que ha facilitado la infiltración de mafias en su gestión.
La implementación de concursos públicos para las concesiones se ha postergado en diversas ocasiones, siendo objeto de sanciones por parte de la Unión Europea. A pesar de las presiones para cumplir con las normativas vigentes, los gestores y líderes políticos han manifestado su oposición a este cambio en el sistema de concesiones de las playas privadas.
En este escenario, la sociedad italiana se encuentra dividida respecto a la necesidad de convocar concursos públicos para la gestión de las playas. Mientras algunos sectores apoyan esta medida en aras de una mayor transparencia y equidad, otros expresan su preocupación por las posibles consecuencias económicas y laborales.
Por otra parte, activistas y ciudadanos han iniciado protestas en las playas, reclamando el acceso libre a un bien público como es la costa, sin la necesidad de pagar por servicios que consideran deberían ser de uso común. Esta situación refleja la complejidad del debate en torno a las concesiones de las playas privadas en Italia y la necesidad de encontrar un equilibrio entre los intereses comerciales y el acceso público a estos espacios.
