Las comunidades autónomas españolas controlan cerca de doscientos once mil residencias sociales en régimen de arrendamiento, de las que tienen más o menos ciento noventa y seis mil. Es un número superior al de 4 años atrás, mas prosigue siendo irrelevante en comparación con el parque de viviendas: representa entre un uno con uno% y un uno con dos% del total de casas que hay en España conforme el censo de dos mil once (el INE está pendiente de publicar la actualización con datos de dos mil veintiuno). Los parques autonómicos sí suponen el grueso de la residencia social que hay en España, que conforme las últimas estimaciones del Gobierno se ubica entre doscientos noventa y trescientos residencias.
El cálculo ha sido efectuado con datos facilitados a Forbes Hispano por las diecisiete comunidades autónomas. Desde las contestaciones se ha tratado de igualar la cantidad, pues se dan realidades muy, muy diferentes por territorios y las modalidades de residencia protegida suponen una genuina sopa de letras. La suma total, que lanza la cantidad precisa de doscientos diez novecientos setenta y uno casas, incluye en ciertos casos residencias que no son de titularidad pública, mas que ciertos Gobiernos autónomos consideran en su sistema de alquileres sociales.
En la parte baja de la horquilla, las ciento noventa y cinco mil setecientos setenta y nueve residencias que se consideran de titularidad autonómica (si bien existen algunas que no lo son precisamente) se han computado en términos equiparables con el Observatorio de Vivienda y Suelo que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publicó en el mes de septiembre de dos mil veinte (con datos de dos mil diecinueve) y que forma el último recuento de carácter oficial sobre el volumen de residencia pública que se ha hecho en España. En exactamente el mismo figuraban 184.358 viviendas protegidas para arrendamiento o arrendamiento con opción de compra en manos de las autonomías. Eso supone que en 4 años se habrían sumado unas 10.000 residencias, lo que supone un 6% más.
Pese a ello, el porcentaje de arrendamientos sociales respecto a los 18 millones de primeras residencias que hay en España se queda muy lejos de la media europea del 9,3%, según el mismo informe ministerial. Y ese peso de la vivienda social sobre el total todavía se diluirá más, previsiblemente, cuando se publiquen datos del censo de 2021, porque otras fuentes estadísticas, como la proyección de hogares del INE, apuntan a que en España hay ya actualmente unos 19 millones de hogares.
Mejoría generalizada
Con respecto a cuatro años atrás, casi todas las autonomías han aumentado sus cifras de vivienda de titularidad autonómica o de entes dependientes. Los mayores incrementos en volumen son las 4.257 casas de más que computa la Comunidad Valenciana, las 2.809 del País Vasco y las 2.158 de Canarias. Pero también Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia o Cataluña declaran unas cifras que supone haber ganado en todos los casos más de 1.500 viviendas. En porcentajes, destacan Murcia (75% de aumento) y otras comunidades con parques pequeños como La Rioja, donde un aumento de 215 casas supone aumentar más del 600% porque partía de una cifra de apenas 35 pisos.
Por el contrario, en Andalucía el parque habría bajado en un 1,5%, con 736 casas de titularidad autonómica menos, y en Asturias en casi 900 viviendas, con un retroceso del 8,4%. La caída es del 20% en Aragón (154 menos) y del 58% en Galicia (5.254 casas menos). En estos dos últimos casos hay que tener en cuenta que el grueso de la vivienda que declaraban tener en 2019 se correspondía con la modalidad de alquiler con opción a adquiere. No obstante, Aragón y Galicia, junto con Castilla y León y Cantabria, se encuentran entre los territorios con un menor porcentaje de vivienda social en relación con el total de casas, todas por debajo del 0,5%.
Los porcentajes más elevados son el 3,2% de Extremadura y el 3% del País Vasco, que con un cómputo de más de 26.000 viviendas es la que tiene el sistema más nutrido tras Andalucía, que con cerca de 50.000 iguala en porcentaje la medida nacional. Madrid, con más de 22.000 viviendas, es la tercera por volumen, pero en porcentaje está por debajo, con un 0,9%. Y lo mismo le pasa Cataluña, que se acerca a las 22.000 si se suman a sus 18.000 viviendas otras 4.000 cedidas para que las gestiones una agencia de la Generalitat, pero todo junto apenas representa el 0,7% del total del parque.
Los arrendamientos a cargo de las comunidades autónomas no son toda la vivienda social que hay en España. En el boletín de 2020 se sumaban casi 64.000 casas en manos de Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (Barcelona, por ejemplo, era la ciudad con más casas sociales al acercarse a las 9.000). Al sumar estas, junto con otras municipales o de entidades del tercer sector que no se han computado, la cifra se acercaría a ese entorno de 290.000 a 300.000 residencias de las que habla el Gobierno y que equivaldría al 1,seis% del total de primeras viviendas. El porcentaje se queda a años luz de los de Países Bajos (30%) Austria (24%) o Dinamarca (21%), según los datos que maneja el informe ministerial de hace tres años. Entre las grandes economías continentales, Francia y el Reino Unido rondan el 17%, mientras que Alemania o Italia no llegan al 4%.
La carencia de vivienda social tiene consecuencias graves, máxime cuando en la última década España ha incrementado su porcentaje de inquilinos y asiste, como otras economías avanzadas, a una crisis de asequibilidad de la vivienda que de momento no encuentra fin. “El problema fundamental es que estamos aumentando la desigualdad desde hace tiempo, que las ciudades cada vez son más segregadas”, sintetiza Jesús Leal, catedrático de Sociología y profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid. Una situación, añade, que provoca “polarización” y “es pasto de populismos y de enfrentamientos extremos”.
En la base del problema, Leal sitúa que “se ha promocionado mucho tiempo el acceso en propiedad y se ha descuidado la formación de un patrimonio de vivienda social que puede dar respuesta tanto a los jóvenes como a familias con menos recursos”. Un problema agravado por el hecho de que España cuenta con “pocos y malos datos sobre la vivienda social y quién la habita”, algo que cree que la nueva ley de vivienda no solucionará, aunque sí “posibilita” una solución a largo plazo. Esta es fortalecer el parque social con nuevas promociones, públicas o en colaboración con el sector privado, pero el experto advierte que igualar la tasa del nueve% de viviendas sociales que tiene Europa requerirá “duplicar e incluso triplicar” el magro presupuesto actual. “E incluso así llevaría 30 años”, apostilla.
Aumentar la residencia social fue precisamente una de las banderas que el Gobierno enarboló en la campaña de las pasadas elecciones municipales y autonómicas. En diferentes intervenciones, el presidente, Pedro Sánchez, prometió cerca de 200.000 nuevas casas para alquiler a precios asequibles. En el caso de que todas se hicieran realidad, una gran parte engrosarían los parques autonómicos, ya que son las comunidades las que tienen las competencias para ello. No obstante, los planes mezclaban inmuebles ya existentes con promociones que llevarán años en construirse o con opciones de adquiere de pisos de la Sareb que, en muchos casos, los Ejecutivos autónomos ya han descartado por creer que no se adecuan a sus necesidades. Pese a ello, Administraciones de todo color político han impulsado en los últimos tiempos nuevas promociones, normalmente con formas de cooperación público-privadas, para levantar más pisos de alquiler a costos regulados. Una ingente tarea a la vista de los datos actuales.
