La OCU asegura que cumple “escrupulosamente con la legalidad vigente” en sus actuaciones “a lo largo de más de 47 años de trayectoria de trabajo en defensa de los consumidores”. Así se expresa la mayor organización de usuarios de España en un comunicado difundido este martes, una vez que Forbes Hispano revelara que el Ministerio de Consumo estudia desde hace 9 meses los cuarenta y siete convenios que desde dos mil dieciocho ha firmado esta asociación con grandes compañías, con la meta de contrastar si las comisiones que cobra por cada usuario que les provee son legales y si comprometen su independencia.
La primordial contendiente de la OCU, Facua, interpuso el pasado noviembre una demanda administrativa frente a la Dirección General de Consumo, y desde ese momento esta examina si la OCU ha vulnerado la Ley General para la Defensa de los usuarios al promocionar productos y servicios de empresas merced a pactos económicos.
“La Organización de Consumidores y Usuarios desmiente de forma rotunda las informaciones tendenciosas vertidas por FACUA que han tenido reflejo en distintos medios de comunicación y redes sociales poniendo en entredicho el buen nombre y su trabajo en favor de los consumidores”, señala la OCU en su comunicado.
“Desde el comienzo de su actividad”, sigue la organización, “OCU ha cumplido de forma escrupulosa con todas las obligaciones impuestas que garantizan la independencia de sus actuaciones. En particular con las obligaciones que impone la Ley General de Defensa de los Consumidores (LGDCU) en materia de transparencia en el marco de colaboración con los operadores de mercado a través de acuerdos o convenios, que siempre han tenido como finalidad exclusiva la información de los consumidores y la mejora de su posición en el mercado y que se depositan el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores para garantizar los requisitos de independencia y transparencia que establece la ley”.
OCU asegura que sus actividades “tienen como objetivo mejorar la posición en el mercado de sus socios y de los consumidores en general” y que “son comunes y generalizadas en la actuación habitual que llevan a cabo organizaciones modernas de consumidores europeas con acreditada trayectoria en la defensa de los derechos de los consumidores y con sujeción a la legalidad de los distintos países europeos”. En exactamente la misma línea, la organización señala que ha proporcionado al Ministerio de Consumo toda la información requerida “sin que hasta el momento tenga conocimiento de ningún expediente sobre sus actuaciones que se ajustan a la legalidad”.
Asimismo, OCU carga fuertemente contra Facua: “OCU denuncia los ataques injustificados de organizaciones de consumidores que pretenden imponer un modelo único de defensa de los consumidores, con una clara finalidad de utilización política del mismo, que atenta contra la pluralidad democrática y se aleja del principio de independencia política que establece la normativa española”. Por otro lado, OCU defiende que su modelo la transforma en una organización “fuerte e independiente basada en la financiación de sus socios frente a otras asociaciones que necesitan de las subvenciones públicas para su subsistencia y que son capaces de cualquier cosa a costa de mantener o aumentar su cuota de recurso públicos para garantizar su existencia”.
Quejas contra OCU
Las fórmulas para financiarse de OCU son variadas y de forma frecuente la organización ―a través de su sociedad paraguas Euroconsumers― interpone demandas judiciales anteriores contra gigantes como Google, Facebook y Hewllet-Packard, que entonces retira tras cerrar pactos millonarios con las compañías, ingresar el dinero, y aducir que este repercute de manera indirecta en los usuarios. En paralelo, la organización ofrece “compras colectivas” para captar clientes del servicio que gozan aparentemente de la mejor tarifa en determinados servicios, por los que cobra una comisión a la compañía ganadora por cada usuario traspasado.
La táctica comercial lleva años en marcha y la asociación insiste en que estos ingresos no comprometen su tarea de vigilancia del mercado, ni supone una ventaja o lavado de imagen para las firmas pagadoras. Sin embargo, las dudas sobre si estas prácticas para financiarse son morales son evidentes y la OCU carece de trasparencia, a pesar de que alardea de su carácter de servicio público para proteger al consumidor en frente de los abusos y malas prácticas comerciales.
Cada mes llegan a las redacciones de los medios estudios sobre las mejores tarifas y productos del mercado elaborados por la OCU, con la mejor y la peor crema o fregona de las estanterías comerciales. La entidad asegura que de año en año examina tres mil productos y sus comparativas le garantizan una gran influencia en televisiones y diarios pues los usuarios están sedientos de pistas en un mercado sobresaturado de marcas.
Entre los convenios puestos en cuestión resaltan ciertos con firmas de intermediación financiera, planes de pensiones y tarifas de luz, gas y telefonía con grandes compañías como Repsol, MasMóvil o Yoigo. “La OCU actúa como comisionista de grandes empresas y daña la imagen del movimiento de consumidores. Los pagos de empresas a asociaciones de consumidores son inaceptables, estamos ante un claro conflicto de intereses. ¿Controlan y denuncian sus prácticas abusivas con el mismo énfasis que si no les pagaran? ¿Reclaman a los gobiernos cambios legales que puedan perjudicar a esas empresas que las financian?”, critica Rubén Sánchez, secretario general de Facua.
