El Ministerio de Trabajo está cerca de llegar a un pacto con los sindicatos para reducir la jornada laboral de 40 a 38,5 horas este año y a 37,5 en 2025, tal como se comprometió el Gobierno. La intención es cerrar la negociación antes de agosto, tras meses de diálogo que comenzaron en enero. Mientras tanto, los empresarios muestran reticencia y acusan a las centrales de dilatar el proceso.
El texto propuesto incluye la reducción de la jornada, mejoras salariales para empleados a tiempo parcial, la obligación de llevar un registro digital de la jornada y sanciones más estrictas para las empresas que incumplan. Aunque satisface a los sindicatos, la patronal ha manifestado su descontento y no ha presentado una propuesta alternativa.
En este contexto, se espera una resolución cercana mientras continúan las reuniones en el Ministerio de Trabajo. A pesar de las diferencias, algunos creen que aún hay espacio para encontrar un punto de encuentro.
Posibles repercusiones y camino parlamentario
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha advertido sobre posibles efectos negativos de la reducción de la jornada, planteando un coste directo de 11.800 millones de euros y consecuencias en la productividad y contrataciones. Sin embargo, se destaca que la adaptabilidad de la negociación colectiva ha sido exitosa en otros sectores.
Una vez se alcance un acuerdo, este deberá ser sometido al Consejo de Ministros y recibir el apoyo del Congreso de los Diputados. Ya se han vislumbrado posibles apoyos y rechazos por parte de los distintos partidos políticos, con un amplio respaldo social a la reducción de la jornada laboral.
En resumen, a pesar de las discrepancias entre los actores implicados, la negociación para reducir la jornada laboral avanza hacia un posible acuerdo que podría tener repercusiones significativas en el mercado laboral español.
