La Iglesia va a pagar un impuesto que ya abonan otras entidades sin fines rentables. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes una orden ministerial por la que esta corporación deberá abonar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), de campo municipal. Esta regla, que va a entrar en vigor este sábado, nace del pacto ya cerrado el mes pasado de marzo entre el Estado y la Santa Sede.
Entonces, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, explicó que el acuerdo “supondrá que los ayuntamientos, que son los encargados de recaudar estos impuestos, obtendrán más de 16 millones de euros al año”. Fuentes del Ministerio de Hacienda apuntan ahora que estas estimaciones son “complicadas”, mas rondará —como mínimo— los diez millones anuales. El impuesto va a pesar sobre todas y cada una de las parroquias, las construcciones de la Conferencia Episcopal, las congregaciones religiosas y los institutos de estas congregaciones.
La Iglesia, en cambio, proseguirá exenta de abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Bolaños, sin embargo, aclaró en el mes de marzo que el trato que tiene el Gobierno con la corporación es “absolutamente equiparable a cualquier entidad sin ánimo de lucro”. Un portavoz del Ministerio de Hacienda asevera que, “por el momento”, el Ejecutivo no tiene en psique que la Iglesia u otras instituciones que emplean edificios para el culto deban abonar el IBI.
El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, explicó este miércoles que la orden ministerial transformará el pacto alcanzado con la Conferencia Episcopal “en derecho positivo”, y aseguró que va a dar certidumbre jurídica a los ayuntamientos y a los órganos gestores de este impuesto. Tras la publicación en el BOE, se pone fin a la Orden del Ministerio de Hacienda del cinco de junio de dos mil uno, que contemplaba incluir a este tributo a ese tributo municipal en el bulto de impuestos exentos para la corporación religiosa.
Este pacto fiscal se específica un año tras el acuerdo alcanzado con el tema de las inmatriculaciones. La Conferencia Episcopal aseveró entonces que no le correspondían cerca de mil los prácticamente treinta y cinco inmuebles que puso a su nombre merced a la ley Hipotecaria del primer gobierno de José María Aznar, del PP, en el año mil novecientos noventa y ocho. Castilla y León encabeza la comparativa nacional con cuatro mil noventa y seis terrenos, pisos, campos de cultivo y otros recursos no de forma directa vinculados con iglesias, ermitas u otras dependencias parroquiales. Esta comunidad autónoma supone el treinta% de todos y cada uno de los recursos registrados por la Iglesia.
El caso de Getafe
El pago o no de este impuesto nace merced a un enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Getafe (Madrid) y la Iglesia por la ampliación del salón de actos de un instituto de esta localidad madrileña. El enfrentamiento llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Su fallo, en dos mil diecisiete, apoyó al Consistorio y forzó al instituto La Inmaculada a abonar veintitres y trescientos setenta euros al comprender que en tal sitio educativo se desarrollan actividades extrañas a las rigurosamente religiosas. De esta forma, el fisco getafense hizo historia al transformarse en la primera Administración de España en demandar el cobro de un tributo a la Iglesia con el respaldo de la Justicia.
