El encadenamiento de catástrofes de estos últimos años —pandemia, crisis energética, enfrentamientos geopolíticos con una pelea fiero por el liderazgo mundial como telón de fondo— no solo explica el debilitamiento en un corto plazo de las economías europeas. También marca una rotura perdurable de la política económica europea, con esenciales implicaciones para España. Hasta hace poco, la estrategia se fundamentaba en el libre comercio dentro y fuera de la Unión Europea. Es decir, cada país debía esmerarse por ganar competitividad a través de reformas pro productividad y estímulos a la inversión productiva y en capital humano. Y no subvencionando su aparato productivo. La OMC estaba ahí para prevenir distorsiones a ese dogma entre bloques comerciales, y la Comisión Europea hacía lo propio dentro de la UE.
Ante la magnitud de los retos y la marginalización progresiva del multilateralismo, el mantra del libre comercio, con sus complicaciones, deja paso a una inflación de subsidios singularmente perjudicial para los países, como el nuestro, con un estrecho espacio fiscal. El caso de las ayudas de Estado es particularmente significativo. En principio los Estados miembros tienen prohibido subvencionar a sus empresas, ya que se estima que son una distorsión al mercado único europeo. Existen salvedades a esta regla, como cuando los subsidios son temporales y de interés general para la UE, caso de la crisis sanitaria. Pero las salvedades se han ido multiplicando tras la guerra en Ucrania, la crisis energética y el giro proteccionista de otros bloques comerciales. Desde marzo, las ayudas se pueden justificar con la meta de descarbonización industrial y de inversión en energías renovables, pudiendo extenderse hasta finales de dos mil veinticinco —algo que pone fin a la idea de transitoriedad—. Asimismo, las ayudas pueden invocarse, y alargarse a lo largo de un par de años, cuando hay un peligro de deslocalización, en referencia a las ayudas masivas del llamado Inflation Reduction Act de EE UU.
La consecuencia es que estamos asistiendo a un incremento exponencial de las medidas de apoyo a los campos más frágiles o a los que se consideran como estratégicos. La Comisión aprobó en dos mil veintidos ayudas por un total próximo a seiscientos setenta y dos mil millones de euros, equivalente al cuatro con dos% del PIB de la UE. Además, las ayudas se reparten de forma desigual: más de la mitad corresponden a Alemania, un país que dispone de recursos presupuestarios para resguardar su tejido productivo. Otros, como España, no pueden permitírselo por la situación de la hacienda pública. Nuestras ayudas alcanzan apenas al dos con cinco% del total.
La dilución del apoyo, y su asimetría entre países, tiene un doble inconveniente. En primer sitio, se distorsiona la competencia en favor de los países con más recursos. La prórroga de las salvedades europeas hasta finales de dos mil veinticinco contraría el principio de transitoriedad de los subsidios. En segundo sitio, las medidas se desperdigan entre campos y empresas, con el resultado de reducir el impacto para el conjunto de la UE. Véase como ilustración el caso de la competencia entre Estados miembros para atraer industrias de semiconductores y de automóviles eléctricos.
En declaraciones recientes, ciertos responsables comunitarios han alertado de estos peligros. Ahora bien, una vuelta pura y simple a la ortodoxia precedente a la pandemia no semeja viable en el presente ambiente internacional, y nos abocaría a la dependencia tecnológica en áreas estratégicas. La solución pasa seguramente por un esmero común, en torno a objetivos trasversales como las transiciones digital y verde, huyendo de apoyos a empresas concretas o “campeones nacionales”. Una especie de Next Generation conducido en común. Se trata de una labor compleja, que acarrea un mayor estrellato de la UE. Pero, a fin de que Europa pueda continuar aspirando a progresar su bienestar en un ambiente global disruptivo, la constitución de un pilar industrial común es más eficiente que el presente sálvese quien pueda.
Afiliación
El mercado de trabajo se resiente de la desaceleración de la economía, mas soporta. Pese a un ambiente poco a poco más hostil, la afiliación se acrecentó en algo más de cinco mil personas en términos desestacionalizados. El paro registrado aumentó, mas menos de lo que es frecuente para esta temporada del año. Entre los cambios estructurales, aparte del mayor estrellato de las fórmulas estables de contratación, resalta el dinamismo del empleo de extranjeros: más del treinta% del aumento de la afiliación desde el principio del año procede de este colectivo.
Raymond Torres es directivo de coyuntura de Funcas. En X: @RaymondTorres_
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