Eidf Solar, la compañía gallega que lleva más de 4 meses con la cotización suspendida por la carencia de información sobre sus cuentas anuales, volverá al parquet el primer día de la semana veintiocho de agosto. La resolución fue tomada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores este jueves atendiendo a la información que la compañía publicó en las últimas semanas con la reformulación de sus cuentas de dos mil veintidos y el informe de auditoría. Sin embargo, el supervisor bursátil ha hecho pública una carta que remitió el pasado lunes a la compañía y que no fue atendida, con múltiples cargas de profundidad.
El regulador acusa a Eidf de no haber dado al mercado información completa, suprimiendo el resumen ejecutivo del informe forensic que la firma encargó a la asesora Deloitte. “La CNMV considera que la información publicada no es completa e incluye omisiones muy relevantes”, expresaba la carta. El informe forensic de Deloitte, abunda, incluye un relato de hechos y patentizas “de gran trascendencia para los accionistas de Eidf”. Entre otras, habla de posible falseamiento de documentos por la parte de la compañía de instalaciones fotovoltaicas que encabeza Fernando Romero y que en dos mil veintidos facturó trescientos sesenta y nueve millones de euros. El auditor, PWC, ya apuntó en su análisis las debilidades de control interno y su opinión sobre el cómputo del año pasado contiene esenciales excepciones que alertaban de que podían surgir “otros posibles errores y/o contingencias no recogidas en las cuentas anuales”.
¿Por qué levanta entonces la cotización el regulador bursátil? Las competencias de supervisión de la CNMV sobre las firmas que cotizan “no incluyen la supervisión de la información financiera periódica ni la revisión de las cuentas”, acepta el organismo, mas sí la supervisión de conductas de abuso de mercado. En la carta mandada el primer día de la semana, la CNMV requería a la compañía que publicase cierta información recogida en el informe forensic sin matizaciones ni comentarios añadidos por la compañía. Al no responder, el organismo que encabeza Rodrigo Buenaventura ha decidido publicar ese contenido con abundantes rastros de irregularidades.
Documentos falsos
En sus conclusiones, el informe resalta que es Fernando Romero el que “participaba de primera mano en la práctica totalidad de las decisiones de la sociedad”. Continúa diciendo que en ciertas actividades y operaciones con terceros “se han identificado situaciones en las que se habrían creado, modificado o falseado documentos”. Algunos ejemplos de estas prácticas harían referencia a la relación de la sociedad con sus clientes del servicio, deudores y asociados. En relación a 3 de los 4 asociados que fueron analizados, la investigación contable halló “evidencias de posible falsificación de contratos y documentos elaborados por parte de los responsables de la sociedad, con el objeto de justificar la falta de control sobre las SPVs”. Las SPV o Special puppose vehicle son empresas constituidas con el único fin de ser un vehículo de la inversión en proyectos de energías renovables.
Otro de los aspectos esenciales es el hecho de que todos y cada uno de los deudores que se examinan en el forensic “presentan una vinculación directa con Fernando Romero”, el presidente y consejero encargado de la compañía hasta la data. Según el informe, “se identifican numerosas incidencias relativas, entre otras cuestiones, a facturas y pagos por servicios que podrían no haberse prestado o no estar justificados, así como a la falsificación de documentos”. En específico, detalla que hay rastros que pondrían de manifiesto que el argumento de la compañía gallega para justificar determinados créditos con ciertas sociedades no es real, “y que falseaban documentos (por ejemplo, contratos o facturas) que justificaban la naturaleza de dichos saldos para así poder cumplir con la solicitud del auditor”.
Algún deudor, aun, habría emitido facturas “que no se corresponderían con servicios efectivamente prestados, por lo que podrían tratarse de facturas falsas”.
El informe forensic destapa más irregularidades tras examinar cincuenta y uno obras de treinta y cinco clientes del servicio. Normalmente en el ámbito los clientes del servicio van pagando los proyectos, en un caso así instalaciones fotovoltaicas de carácter industrial, por medio de jalones que los distribuidores van cumpliendo. Pues bien, la compañía de Romero pudo haber adelantado estos jalones sin haberlos cumplido para ir cobrando el dinero de los contratos. Así, por servirnos de un ejemplo, pudo suceder en una entrega de materiales de forma anterior a la obtención de la AAC (autorización administrativa de construcción). “De aceptarse esa incidencia implicaría que Eidf estaría facturando por un hito que no estaría íntegramente completado, al no disponer de la AAC o de la licencia de obra, por lo que no habría completado la fase de desarrollo de la obra y no se podría dar por iniciada la fase de ejecución, que es cuando es posible proceder a la entrega de materiales”.
En otros casos, la compañía con sede en Barro (Pontevedra) habría facturado obras con un monto mayor, que no se correspondía con los costos a la data de facturación, “provocando un desajuste entre el grado de avance real de la obra y los mayores ingresos reconocidos por esta”. Por si fuera poco, en determinados proyectos los costos carecían de “razonabilidad económica y operativa, por lo que el ingreso registrado no reflejaría la realidad de la obra”.
Materiales fantasmas
La lista de consideraciones sigue con materiales que, a pesar de estar en el almacén, se imputaban en determinadas obras. También podía suceder que la compañía tuviera reservados en el almacén materiales que, tras levantar la reserva, no llegaban a depositarse en su destino. Hasta en dieciseis ocasiones se identifica esa situación, conforme el informe. En otros 9 casos, la compañía infringía con ciertas cláusulas de los contratos firmados con los clientes del servicio, ya sea por plazos de ejecución o con el calendario de facturación.
Quizá más grave sea otra de las prácticas que retrata el informe y que está relacionada con documentación “que no reflejaría fielmente la realidad, bien sea porque la sociedad habría podido falsificar o modificar dicha documentación o por otras causas (en algunos casos, según la información de Eidf, por errores humanos). En nueve obras se detectó esta práctica.
Antes de que estallase el escándalo, Fernando Romero, en una entrevista publicada el 15 de abril, señalaba a este periódico que la elevada capitalización de su compañía, de 1.721 millones, era sencillamente una consecuencia de su seriedad: “Lo que decimos, lo cumplimos, el mercado nos respalda”. Ahora quedan pocas dudas de que la brillante trayectoria de la compañía se va a ver truncada cuando se levante la cotización, el lunes próximo desde las 8 y media de la mañana.
