En la actualidad, un reducido grupo de tan solo 3.000 personas ha logrado acumular una impresionante riqueza de 14,4 billones de dólares, lo que equivale al 13% del PIB global. Esta concentración de riqueza en manos de milmillonarios ha aumentado de forma acelerada en las últimas décadas, pasando del 3% en 1993 al actual 13% del PIB mundial.
Independientemente de su nacionalidad, los ultrarricos comparten dos características sorprendentes: la gran mayoría son hombres y suelen tributar mucho menos en relación a sus ingresos que los trabajadores de clase media. Esta desigualdad en la carga impositiva es un problema a nivel mundial que requiere ser abordado con urgencia.
La Declaración de Río, emitida por el G20 el mes pasado, marca un hito importante al reconocer la necesidad de reformar el sistema impositivo que afecta a los más adinerados. En vista de las graves consecuencias de la falta de inversión en servicios públicos fundamentales y la incapacidad de hacer frente a crisis globales como la climática, es esencial que los millonarios contribuyan equitativamente con sus impuestos. La equidad fiscal es vital para sustentar la democracia y garantizar el bienestar de la sociedad en su conjunto.
El consenso alcanzado en la Declaración de Río para abordar la tributación de los ultrarricos es el resultado de un arduo trabajo de defensores de la justicia fiscal. Propuestas como establecer un estándar global de tributación mínima equivalente al 2% de la riqueza de los milmillonarios podrían generar importantes ingresos adicionales, corrigiendo así las disparidades existentes en los sistemas fiscales actuales.
Es alentador saber que la opinión pública mundial respalda mayoritariamente la idea de gravar de manera justa a los más ricos. Según una encuesta de Ipsos en países del G20, el 67% de los encuestados considera que existe demasiada desigualdad económica y el 70% apoya la idea de imponer tasas impositivas más elevadas a los millonarios.
Si bien aún no se logra un consenso total sobre la propuesta de establecer un impuesto mínimo global del 2% a los milmillonarios, es evidente que la discusión sobre este tema es inevitable y urgente. Los avances en la cooperación fiscal internacional, como la implementación del intercambio automático de información bancaria, demuestran que existen los mecanismos necesarios para garantizar que los más ricos contribuyan equitativamente a la sociedad.
En definitiva, la necesidad de gravar de manera adecuada a los millonarios es más apremiante que nunca. Actuar con prontitud y eficacia en este sentido no solo promoverá la equidad fiscal, sino que también permitirá a los gobiernos garantizar servicios públicos de calidad y afrontar desafíos globales de manera más efectiva.
