(*2*)
(*8*)
Ferrovial festeja este jueves la junta de accionistas más trascendente de su historia. Lo hace en un entorno de enfrentamiento con el Gobierno, que ha cuestionado los motivos aducidos por la compañía para plantear a los accionistas el traslado de su sede a Países Bajos. Después de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, cuestionase el martes la existencia de un motivo económico válido para la operación, este miércoles ha sido el ministro de Inclusión, Seguridad social y Migraciones el que ha advertido que cualquier beneficio fiscal que conlleve la operación deberá examinarse “con muchísimo cuidado”. Ambos han hecho sus declaraciones en Washington, donde se hallan con ocasión de las asambleas de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
La operación de Ferrovial no es un mero traslado, sino acarrea una fusión con una filial holandesa que se transformará en cabecera del conjunto. Para hacerla eficaz, la compañía que encabeza Rafael del Pino pretende acogerse al régimen de neutralidad fiscal de las fusiones, que evita someter a tributación las plusvalías latentes en operaciones de consolidación empresarial por la pura actualización de cómputos y otros ajustes contables. Casi todas y cada una de las grandes operaciones corporativas de fusiones y adquisiciones se acogen a ese régimen contemplado en la ley del Impuesto de Sociedades, mas para esto debe haber un motivo económico válido.
En esta ocasión, no obstante, el Gobierno ha cuestionado claramente y de antemano la aplicación de ese régimen fiscal. En una carta dirigida por el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, al consejero delgado de la compañía, Ignacio Madridejos, se cuestionaba la valía de los motivos económicos esgrimidos. Madridejos respondió demandando respeto para la resolución que tomen este jueves los accionistas de la compañía y pidiendo asimismo que el Gobierno no prejuzgase el criterio técnico que debe aplicar en su instante Hacienda sobre el régimen fiscal aplicable.
Preguntado sobre ello la tarde de este miércoles en Washington, pasada la medianoche del miércoles al jueves en la España peninsular, Escrivá ha dicho: “Lo que el Gobierno ha hecho es simplemente alertar de que cuando hay beneficios fiscales, dado que esto es una renuncia a ingresos públicos, tiene que estar muy justificado y habrá que revisar si se cumplen las condiciones. Yo creo que todo el mundo que crea en la responsabilidad fiscal tiene que estar de acuerdo en que el Gobierno tiene que evaluar con muchísimo cuidado y con muchísima precisión si las condiciones que dan lugar a un beneficio para un particular, en este caso para una empresa se materializan o no. Yo creo que nadie puede sorprenderse por eso”.
El precedente de Airtel
Escrivá ha cuidado mucho sus palabras y ni tan siquiera ha cuestionado la existencia de un motivo económico válido, como hizo la víspera Calviño. Hay pocos precedentes de casos afines en que un Gobierno haya advertido anteriormente sobre la aplicación de un régimen fiscal a una operación de una compañía específica. Quizá el caso más sonado fue la cruzada que emprendió en el año dos mil el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a fin de que tributasen las millonarias plusvalías de la venta de Airtel a Vodafone.
En plena burbuja tecnológica, los asociados de la segunda operadora de telefonía móvil de España (Santander, Acciona, Alba, Abelló y múltiples cajas de ahorros) vendieron sus acciones en la compañía a la multinacional británica, que pagó con acciones propias. Los asociados españoles aprovecharon un cambio legal aprobado por el Gobierno del Partido Popular en el mes de junio de dos mil que les ponía en bandeja que las millonarias plusvalías de la operación quedaran exentas.
Cuando el diario Cinco Días desveló en el mes de septiembre de dos mil que las compañías pretendían acogerse a esas exenciones, Montoro reaccionó colérico y afirmó a la vez que aquella interpretación de la ley no se podía aplicar y que además de esto iba a mudar la regla (“enriquecerla”) a fin de que no se pudiese aplicar. Agregó que iba a ser “vigilante y beligerante”. Tras el escándalo generado, el Gobierno rectificó a fondo su decreto.
La batalla terminó en los tribunales. El Santander, que era el que más se jugaba en la operación, ganó al Gobierno en la Audiencia Nacional en dos mil trece, como publicó EL PAÍS, y pudo apuntarse deducciones extra de ciento noventa y cinco millones de euros. De , sesenta,4 millones se apuntaban al ejercicio dos mil uno y otros ciento treinta y cuatro,2 millones. El Gobierno, en el que Montoro era de nuevo ministro de Hacienda trece años después, recurrió frente al Tribunal Supremo. La que pasó desapercibida fue la sentencia que cerró el caso en dos mil quince de una manera algo ridículamente salomónica, por decir algo.
Las plusvalías procedían de las declaraciones de los ejercicios dos mil uno y dos mil dos, mas el letrado del Estado, en su recurso, solo puso “ejercicio 2001″. “Ello comporta que el motivo de casación que se examina ha de limitarse al ejercicio dos mil uno, a consecuencia del acto propio de la parte que limitó su impugnación al ejercicio dos mil uno y acalló el ejercicio 2002″, escribió el Supremo en su sentencia. El Estado ganó el recurso, mas ese olvido estúpido del letrado le costó al fisco más de ciento treinta y cuatro millones de euros.
Sigue toda la información de Economía y Negocios en (*4*)Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal
