El Tribunal Supremo ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a abonar a Endesa, Naturgy e Iberdrola los más de trescientos veinte millones de euros que se les adeuda tras declararse inaplicable el bono social eléctrico fijado. Esta prestación lleva en los tribunales desde dos mil catorce, cuando múltiples comercializadoras asistieron a la justicia para demandar que los gastos de la ayuda no se les repercutieran. Esta prestación, que ha sufrido múltiples actualizaciones, recoge la figura de consumidor frágil y en ella se plantean subvenciones para los hogares de renta baja en materia de consumo energético. En los fallos, el Tribunal sentenció que es el Estado y no las eléctricas el que debe encarar los pagos derivados de esa prestación en el recibo de la luz.
El año pasado, el Supremo declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social eléctrico y anuló múltiples artículos del decreto de dos mil diecisiete —promulgado a lo largo del Gobierno de Mariano Rajoy para alterar la normativa anterior— que regulaba esta figura, por estimar que carecía de “justificación objetiva y razonable” y provocaba un “trato discriminatorio”. En específico, declaraba “la inaplicabilidad del régimen de financiación del bono social y del régimen de cofinanciación con las Administraciones Públicas de aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén en riesgo de exclusión social”, establecidos en la Ley 24/2016 del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto-ley 7/2016.
El alto tribunal comprendió que se generó un trato discriminatorio “al no imponerse la financiación a todas las empresas eléctricas, sino exclusivamente a las empresas comercializadoras sin una justificación objetiva y razonable”. En el caso de Naturgy, el diario económico CincoDías adelantó el mes pasado de junio que, conforme un auto del tribunal, se le debía abonar un precio de sesenta y cuatro,2 millones de euros, aparte de los intereses legales pertinentes. Las otras dos empresas que están en su derecho a compensaciones son Iberdrola, que va a recibir ciento tres millones de euros, y Endesa, que va a ser compensada con ciento cincuenta y dos con dos millones. Por el instante las cantidades aún no han sido abonadas.
Nueve años de periplo judicial
El caso del bono social —cuyo costo total ascendió a los ochocientos millones, conforme los cálculos de la CNMV— lleva años en los tribunales y ha enfrentado al tesoro público y a las comercializadoras eléctricas en múltiples etapas diferentes. En las 3 sentencias que se han emitido hasta el momento, los tribunales han fallado en favor de las compañías al estimar que infringe la directiva de dos mil nueve sobre mercado interior de la electricidad.
Las diferencias entre empresas y Gobierno se remontan a dos mil catorce, cuando Viesgo, Endesa, Iberdrola y Naturgy asistieron a los tribunales al estimar que el esquema del bono social actual por aquel entonces les endilgaba cargas injustas. En dos mil dieciseis el Supremo les dio la razón, mas el Gobierno de Mariano Rajoy recurrió el dictamen frente al Constitucional, que en el tercer mes del año de dos mil diecinueve aceptó el recurso y criticó que no se hubiera pedido opinión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Fue entonces cuando el Supremo elevó una consulta prejudicial a ese organismo y el caso terminó llegando a Luxemburgo. En medio de este proceso, en el mes de diciembre de dos mil dieciseis el Gobierno de PP alteró por real decreto el mecanismo, si bien el proceso de reclamación prosiguió adelante.
Finalmente, en el mes de octubre de dos mil veintiuno, el alto tribunal europeo anuló por “discriminatorio” el viejo sistema de financiación de este descuento, que recaía prácticamente íntegramente sobre las comercializadoras de referencia. De nuevo la pelota volvía al tejado del Supremo, que en las sentencias consecutivas reconoció el derecho de las eléctricas a ser compensadas. Tras el fallo terminante, emitido en el mes de enero de dos mil veintidos, ya solo quedaba por resolver el importe de las indemnizaciones que se ha conocido hoy.
