La reforma laboral del 2022 logró disminuir la temporalidad en empresas privadas, pero el sector público sigue atascado en una tasa del 30%. Las oposiciones para estabilizar empleados temporales se enfrentan a obstáculos que dificultan alcanzar la meta del 8% de temporalidad.
La Ley 20/2021 para la reducción de la temporalidad en el sector público establece el objetivo de bajar la tasa de contratos temporales por debajo del 8% para finales de 2024. Sin embargo, los procesos de estabilización presentan retrasos significativos.
Desde el 2022 se han ofertado cerca de 600.000 plazas de estabilización en las Administraciones, pero solo se han cubierto alrededor de 225.000 hasta el momento. Aunque el Gobierno espera alcanzar los 300.000 estabilizados para fin de año, la meta del 8% de temporalidad parece casi inalcanzable.
La duración de concursos y oposiciones para estabilizar trabajadores temporales varía entre un año y año y medio, llegando incluso a dos años o más en algunos casos. Mientras los ayuntamientos muestran mayor agilidad que las comunidades autónomas en estos procesos, la precariedad laboral en sectores como la sanidad se hace sentir.
Además de la lentitud en los procesos, la falta de convocatorias ordinarias de plazas fijas de funcionarios y la persistencia de la tasa de reposición dificultan la reducción de la temporalidad en las Administraciones.
Es fundamental encontrar un equilibrio entre los procesos de estabilización y las convocatorias ordinarias para funcionarios, y eliminar la tasa de reposición en todos los sectores. De lo contrario, se corre el riesgo de mantener la precariedad laboral en el sector público.
