El quince de junio el Ministerio de Trabajo y los sindicatos presentaron el último pacto del diálogo social de la pasada legislatura, el estatuto del becario, rechazado por la patronal. En torno a un par de horas antes que Yolanda Díaz, Pepe Álvarez y Unai Sordo empezaran sus alegatos a este respecto, el Partido Socialista dejaba muy, muy claro que tampoco subscribía el texto: fuentes de Moncloa y del Ministerio de Asuntos Económicos afirmaban que estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”. Esto no impidió que Díaz diese por hecha su aprobación aquel día: “Se ha acabado el tiempo de pensar en los jóvenes en prácticas como asalariados fantasma”. La regla jamás llegó al Consejo de Ministros, se festejaron elecciones generales y prosigue en el cajón, a pesar de su presentación en sociedad. En el Ministerio de Trabajo ahora confirman que se volverá a convocar la mesa de diálogo social para percibir a las partes, con la meta de que la patronal se incorpore al pacto.
“El estatuto del becario es una de las piezas claves del acuerdo de Gobierno. Claramente se dice que se aprobará y habrá que hacerlo cuanto antes. Como dijo la vicepresidenta será una de las primeras medidas”, afirmó este lunes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, a lo largo de la conferencia de prensa en la que diseccionó los datos de afiliación y paro registrado de noviembre. “Volveremos, como siempre hacemos, a convocar la mesa de diálogo social para contemplar si hay alguna novedad o algún cambio de criterio, pero en principio el texto con el que funciona el gobierno es el que fue acordado con las organizaciones sindicales hace unos meses”, agregó. En principio la convocatoria no va a tener sitio hasta dos mil veinticuatro.
En el ministerio piensan que es bastante difícil que haya cambios en el texto, mas no los descartan. Quieren explorar la situación de la patronal y revisar si es viable incorporarles al pacto sin perder el apoyo de los representantes de los trabajadores. En el departamento de Díaz saben que el instante político en el que se certificó el acuerdo era complejo, inmediatamente antes de las elecciones del veintitres-J, cuando la mayor parte de encuestas apuntaban que el PP accedería al Gobierno. Esto distanciaba a los empresarios de participar en el pacto, pendientes frente a la posibilidad de un cambio en el Ejecutivo.
Fuentes de la negociación siempre y en toda circunstancia han asegurado que el acuerdo por último subscrito estaba desarrollado para incluir a la patronal, puesto que limitaba las prácticas extracurriculares a cuatrocientos ochenta horas, cuando la situación inicial de sindicatos y Trabajo era quitarlas. Para los sindicatos fue una renuncia bastante difícil, dado su rechazo histórico a esta figura por la enorme cantidad de fraude que concentra. Sin embargo, accedieron a estampar su firma en una regla a medio camino entre sus situaciones y la de la patronal, pese que los empresarios se borraron. Este texto fue el único acuerdo formal de sindicatos y Trabajo que no tuvo translación al BOE en la pasada legislatura.
Menos extracurriculares y compensación de gastos
La regla que se firmó en el primer mes del verano se esmera en aclarar que las prácticas no son una relación laboral. “Se presumirá que existe relación laboral cuando la actividad desarrollada sustituya las funciones de una persona trabajadora por cuenta ajena o cuando no exista una vinculación directa entre la actividad desarrollada en la empresa y el programa, currículo o competencias incluidas en el itinerario formativo al que está asociada la práctica”, señala el texto.
Además, limita las horas de prácticas en función de su tipología. Las curriculares, que son las desarrolladas a lo largo de los estudios, no pueden superar el veinticinco% de las horas en que se concreten los créditos ECTS de la titulación. Un grado universitario de cuatro años se compone de doscientos cuarenta créditos, así que las prácticas no pueden superar los sesenta créditos. Es decir, mil quinientos horas, que a 8 horas al día equivalen a ciento ochenta y ocho días. Las extracurriculares, que son las que complicaron la negociación, se restringen al quince% de las horas en que se concreten los créditos de la titulación o un máximo de cuatrocientos ochenta horas. Es decir, sesenta días a 8 horas por jornada, la mitad que hasta el momento.
El estatuto no fuerza a las compañías a remunerar a los becarios, mas sí establece la obligatoriedad de compensar los gastos en los que incurran. Así, los estudiantes en prácticas tendrían derecho a que les abonen los gastos de transporte o conservación. Este es uno de los puntos que más críticas despertaron. Si la compañía remunera al becario y esa cantidad basta para compensar esos gastos, no hay cargas auxiliares para la compañía.
Por otro lado, la nueva regla establece que los becarios no pueden ser más del veinte% de la plantilla del centro de trabajo, con el matiz para las pequeñas y medianas empresas de que siempre y en toda circunstancia pueden ser por lo menos dos; impide que trabajen a turnos o de noche, excepto si la actividad no se puede desarrollar de otra forma; deja la compatibilización de la prestación por desempleo y las prácticas; y prevé sanciones de hasta doscientos veinticinco mil dieciocho euros para las compañías incumplidoras.
Rechazo de los rectores y de los nacionalistas
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) rechaza frontalmente el texto aprobado por sindicatos y Gobierno. En un comunicado distribuido en el primer mes del verano señala que se opone “radicalmente” a la compensación de gastos. “Se trata de una previsión inédita en nuestro derecho y cuya consecuencia inmediata será la disminución dramática del número de empresas y, sobre todo, de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas”, decía entonces. Los rectores lanzan un vaticinio similar con respecto a la cotización de becarios que va a entrar en vigor el 1 de enero, pese a que está bonificada al noventa y cinco%. El estatuto del becario sí recibe una evaluación positiva de los primordiales colectivos de estudiantes.
Si Partido Socialista y Sumar logran ponerse conforme, entonces deberán encarar un discute parlamentario complejo. Fuentes del PNV expresaban dudas cuando fue aprobado por sindicatos y Trabajo: “No está hablado con nosotros y mucho menos consensuado. Pero es que tampoco está consensuado con las universidades ni con las comunidades autónomas. Nos preocupa porque para Euskadi la formación dual es fundamental y funciona bien. Y nos llegan detalles como la limitación de horas o porcentaje de formación dual del alumnado”.
ERC asimismo se oponía al texto. “Pedimos que se haga una apuesta clara por las prácticas remuneradas”, afirmaban fuentes del conjunto parlamentario, donde interpretan que el texto acordado con los sindicatos no andaba en esa línea. Bildu tampoco apoyaba meridianamente la regla.
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