Cambios de calado en el recibo de la luz de más de 3 de cada diez hogares españoles. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma del mercado regulado de la luz para intentar dar más estabilidad sobre el costo que pagan los hogares acogidos a él: desde el 1 de enero, su tarifa no va a depender solamente de la cotización del megavatio hora (MWh) en el siempre y en todo momento volátil mercado al contado, sino asimismo tomará de los costes en un largo plazo.
El cambio, concebido hace meses mas que no ha recibido la luz verde final hasta este martes —a poco más de un mes vista de las elecciones generales y tras una larga travesía en el Consejo de Estado—, no va a significar que los hogares que optan por el llamado costo voluntario del pequeño consumidor (PVPC) vayan a abonar necesariamente aproximadamente, mas sí que la variabilidad de su factura entre unos días y otros va a ser mucho menor que hasta el momento. Y llega una vez que estos 9 millones de usuarios, que históricamente han pagado recibos mucho menores, fueran los más golpeados en los meses más crudos de la crisis energética, cuando el mercado mayorista eléctrico se disparó al son del gas natural y estos clientes del servicio padecieron en consonancia desde el minuto cero. Quienes estaban en el mercado libre, en cambio, tuvieron unos meses de tregua hasta el momento en que sus facturas comenzaron a dispararse.
“Los consumidores no tendrán que hacer nada, pero las facturas que pagarán serán más estables y estarán menos expuestas a los periodos de volatilidad”, ha afirmado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, la responsable de describir de forma somera la reforma en la conferencia de prensa siguiente al cónclave ministerial frente a la ausencia de la vicepresidenta tercera y titular para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. El Gobierno calcula que la oscilación entre las horas más caras y las más asequibles se reducirá en una tercera parte.
La nueva tarifa PVPC es uno de los compromisos de España con la Comisión Europea cuando recibió el visto bueno a la llamada salvedad ibérica, hace justo un año, si bien llega con cerca de 8 meses de retraso en comparación con calendario comprometido entonces. Al ser un real decreto y no un decreto ley, el texto no debe pasar por el Parlamento y —por tanto— no se ve perjudicado por la reciente disolución de las Cortes.
A partir del próximo 1 de enero, los hogares acogidos al mercado regulado van a ver de qué manera sus tarifas van a pasar de depender el cien% de lo que sucede en el mercado al contado —en el que el costo cambia hora tras hora— a hacerlo en un setenta y cinco%. El veinticinco% sobrante tomará de los mercados de futuros, más estables por definición. En dos mil veinticinco, la relación de fuerzas va a pasar a ser del cuarenta% al contado y del sesenta% en un largo plazo, respectivamente. Y desde dos mil veintiseis —y en los años siguientes—, esta va a ser del cincuenta y cinco% y el cuarenta y cinco%.
“La época de precios estables se ha terminado, tanto por la variación del precio del gas como la de los combustibles fósiles en general. Con esta reforma nos preparamos para esta nueva realidad”, apuntan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Esta creciente montaña rusa de costes en el mercado al contado entre las horas en las que las energías renovables —de largo las más baratas— y aquellas en la que las centrales de gas fijan el costo es un fenómeno “nuevo pero estructural”, conforme estas fuentes. “Lo que queremos es que el PVPC tenga un balance adecuado entre las señales de precio a corto plazo y una estabilidad a largo”.
Los técnicos gubernativos no se han audaz a ofrecer un horizonte de costes en el mercado regulado, mas sí garantizan que insuflará una estabilidad considerablemente mayor conservando los incentivos económicos a fin de que los hogares acogidos al mercado regulado desplacen su consumo a las horas más asequibles y asimismo más limpias. “No queremos distorsionar las señales de precio a corto plazo y siempre vamos a seguir manteniendo una cierta exposición al mercado al contado, el diario”, añaden las citadas fuentes, que inciden en que la curva “se mantendrá con los mismos picos y valles en función del volumen de renovables que hay en cada momento”.
Los usuarios frágiles, que están acogidos al bono social, proseguirán consiguiendo exactamente los mismos descuentos que hasta el momento. Tampoco van a percibir ningún cambio, alén de la citada estabilidad tarifaria, quienes cuentan con una instalación de autoconsumo fotovoltaico en el tejado y optan por el mercado regulado.
Solo para usuarios domésticos
Hasta ahora, al PVPC podían acogerse de forma indistinta hogares y empresas: el único límite es que la potencia contratada sea de menos de diez kilovatios (KW), algo que infringe la directiva europea. Cuando la reforma entre de forma plena en vigor, el próximo año, sí va a haber una “limitación clara” a fin de que solo los usuarios familiares y las microempresas puedan acogerse a ella. El proceso, no obstante, se hará “de manera gradual”, conforme explican fuentes del Ejecutivo, que no han ofrecido detalles sobre cuántas empresas están hoy en el mercado regulado y —por tanto— deberán irse al libre.
Aunque el nuevo diseño de la tarifa regulada de la luz no va a tener ninguna influencia para los usuarios hasta el 1 de enero del próximo año, sí lo va a tener para las 4 comercializadoras que operan en el mercado regulado —Energía XXI (Endesa), Curenergía (Iberdrola), Comercializadora Regulada Gas&Power (Endesa) y Baser (EDP)—, que deberán comenzar a contratar la energía a futuro desde el próximo 1 de julio para incorporarla a las cestas de futuros.
La tarifa regulada de la luz es, desde hace unos años, motivo de disputa entre las grandes eléctricas y el Gobierno de turno. Las compañías, que prefieren las del mercado libre —donde su margen de ganancia no está fijado por ley y, por consiguiente, es mayor—, abogan por limitarla solamente a los usuarios frágiles. El Ejecutivo actual, en cambio, estima que “sigue siendo necesaria”. Un punto en el que asimismo coinciden las asociaciones de usuarios. Aunque algo más de uno de cada 3 contratos de la luz están en el mercado regulado, conforme los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estos representan solo el seis% de la demanda eléctrica de España.
Horas tras su puesta de largo, la patronal eléctrica Aelec (a la que pertenecen Iberdrola, Endesa y EDP) ha valorado “positivamente” la reforma. “Proporciona mayor estabilidad al precio para el pequeño consumidor, no pierde completamente la variación horaria de los precios, dando las señales adecuadas para que la demanda traslade su consumo a las horas de menor precio y generará más liquidez en los mercados a plazo”, resalta en un comunicado. No obstante, la asociación echa en falta una actualización de los márgenes de las 4 comercializadoras que ofrecen la tarifa regulada e insisten en una de sus reclamaciones más repetidas en los últimos tiempos: que la financiación del bono social “no debería corresponder a ninguno de los sujetos que operan en el sector eléctrico, sino que, por tratarse de políticas públicas, debería financiarse a través de instrumentos también públicos”. Es decir, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
