La primera declaración en el caso Villarejo del actual presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Carlos Torres, ha servido a fin de que la Fiscalía lanzase otro dardo contra los altos cargos de la entidad de finanzas. Según especifican múltiples fuentes jurídicas, el ministerio público aprovechó el interrogatorio como testigo del directivo para reprocharle que “nadie” del banco acepte ahora la “responsabilidad” sobre los presuntos mecanismos de control interno de la compañía para eludir irregularidades. Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, estudia los contratos que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria selló con el comisario José Manuel Villarejo a lo largo de más de una década —desde dos mil cuatro a 2017— para ejecutar supuestos proyectos de espionaje, como la posible “responsabilidad penal” como persona jurídica de la compañía, que se halla encausada.
La Fiscalía Anticorrupción impulsó la declaración de Torres por el “alto grado de conocimiento” que podía tener sobre lo ocurrido dentro del banco. Él aterrizó en dos mil ocho en la entidad como directivo; en dos mil quince, aceptó el cargo de consejero delegado; y, en dos mil diecinueve, accedió a la presidencia en substitución de Francisco González, encausado en esta causa. Además, a lo largo de un buen periodo (cuando menos desde dos mil quince, conforme ha aceptado), Torres encabezó un comité dedicado a inspeccionar el “cumplimiento normativo”, en palabras del ministerio público. Aunque a este respecto de este último órgano, el máximo responsable de la entidad ha limitado el alcance de sus funciones de entonces.
Según afirmó el presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a lo largo de su declaración de este lunes, encabezaba ese órgano, bautizado como Comité Global de Aseguramiento Corporativo a lo largo de unos años, mas matizó que este se encargaba solamente de “supervisar la eficacia y el complimiento del modelo de control”. “Pero yo no dirigía ninguna de las áreas de la segunda línea de defensa, que llevaban a cabo esos controles. Presidía el órgano que supervisaba la eficacia del modelo, pero yo no dirigía las áreas”, precisó frente al juez instructor Manuel García-Castellón.
Fue entonces cuando el fiscal puso su reproche encima de la mesa y preguntó de forma directa a Torres quién era el responsable del “sistema” cuando “entró en contacto” con esa estructura de control, conforme describen múltiples fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. “Porque por aquí ha pasado mucha gente y nadie es responsable de ese área, según se nos ha dicho”, comentó irónico el representante del ministerio público: “Antonio del Campo, de cumplimiento normativo, [dice que] no era responsable de la parte de responsabilidad penal de la persona jurídica. Eduardo Urbizu —de servicios jurídicos, auditoría interna y cumplimiento— tampoco era responsable… Todos se van escudando en que existe, a partir supongo de octubre de 2012, el comité de Asunto Corporativo y después el Comité Global Corporativo. Con lo cual, desde su punto de vista, a ¿quién se puede identificar como el responsable de este sistema?”.
“Es que es un sistema donde hay múltiples partes”, se amparó Torres, que describió entonces un mecanismo divido en “tres líneas de defensa”. “La primera responsabilidad de que no se incumplan normas, penales o de otro tipo, recae en los negocios. La tiene los directores de las filiales de cada uno de los negocios”, apostilló el alto cargo del banco, que prosiguió: “Luego hay unas segundas líneas especializadas en riesgo, que ha ido evolucionando en la organización. En aquel momento estaban divididas entre distintas áreas. En Finanzas, por ejemplo, tenía que ver con el control financiero; en Legal, con los riesgos de conducta o prevención de capitales. Y luego hay una tercera línea, que es la de auditoría interna”.
—¿Y quien es responsable? —se preguntó Torres a sí mismo— Pues todo el entramado organizativo que he descrito. Y las 3 líneas convergen en el comité de Corporative Assurance, a efectos de supervisión de la eficiencia del modelo.
El testigo, que aseveró que jamás supo de la contratación de Villarejo hasta el momento en que reventó el escándalo a mediados de dos mil dieciocho, asimismo aseguró frente al juez que no recordaba si en algún instante tuvo conocimiento de algún plan de auditoría interna dirigido a comprobar la actuación del presidente de la entidad (entonces Francisco González) o del consejero encargado (el propio Torres). Agregó que sí supo de la existencia de planes de auditorías para comprobar resoluciones de otros altos directivos de la entidad: “Se realizan en áreas concretas, hasta la máxima jerarquía que hayan tomado decisiones”, afirmó.
La Audiencia Nacional sostiene bajo sospecha una batería de contratos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria con Villarejo, sellados entre dos mil cuatro y dos mil diecisiete, por los que el policía percibió más de diez millones de euros. La Fiscalía ya atribuyó al banco retrasos en la investigación judicial por haber aportado “información parcial y sesgada”, entregado e-mails “incompletos” y complicado “cada intento de recabar las pruebas”.
