El ejercicio de los derechos sociales, especialmente en el ámbito de la salud y los seguros, sigue siendo una tarea complicada para muchos ciudadanos a pesar de su reconocimiento legal. Este es el caso de las personas que han padecido cáncer y se enfrentan a dificultades al contratar seguros de vida o de salud, siendo discriminados o enfrentando primas más elevadas.

Si bien ha habido avances legislativos en los últimos años, con la incorporación de medidas para proteger el derecho al olvido en la contratación de seguros y productos bancarios para pacientes con antecedentes de cáncer, aún persisten desafíos en su aplicación efectiva. Según la Ley de Contrato de Seguros, no se puede discriminar a las personas por padecer VIH/SIDA u otras condiciones de salud, y se prohíbe la discriminación a quienes hayan padecido cáncer transcurridos cinco años desde la finalización del tratamiento.

Expertos como Pedro Pérez, jefe de servicio de Oncología del Hospital Clínico San Carlos, han expresado su preocupación por el incumplimiento de la legislación, señalando que algunas personas se han enfrentado a solicitudes de informes sobre su situación oncológica al solicitar hipotecas, lo cual está prohibido de acuerdo con la normativa española.

Sin embargo, a pesar de estas regulaciones, el abogado Pablo Franquet señala la falta de procedimientos claros para demandar si las empresas se niegan a borrar los datos de salud en el historial de los clientes. En este sentido, la propuesta de la fiscal jefe de Barcelona, Neus Pujal, de crear una fiscalía de defensa de los derechos de los consumidores, podría ser un paso positivo en la protección de estos derechos.

Carlos Lluch, fundador de Lluch & Juelich, una correduría de seguros, destaca que las aseguradoras siguen conculcando la legislación al denegar seguros a personas que han padecido cáncer o al imponerles contratos diferentes con condiciones más onerosas. Aunque las aseguradoras tienen margen para mejorar, ya que solo pagaron el 23,5% en indemnizaciones del total de primas recaudadas en 2022, es claro que los derechos solo son reales si se pueden ejercitar.

En resumen, a pesar de los avances legislativos, el ejercicio de los derechos sociales sigue siendo una tarea compleja para quienes han padecido enfermedades graves como el cáncer. Se requiere una mayor aplicación y seguimiento de las normativas existentes, así como la creación de mecanismos efectivos para proteger a los ciudadanos de prácticas discriminatorias en el ámbito de los seguros de vida y de salud.

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