El Banco Europeo de Inversiones (BEI) que aspira a dirigir Nadia Calviño desde enero próximo es popularmente conocido como el prestamista de la Unión Europea. Con sede en Luxemburgo, del mismo modo que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y el Tribunal de Cuentas de la UE, el BEI —las iniciales agradan mucho en las instituciones europeas— arrancó su andanza en mil novecientos cincuenta y ocho como un instrumento desarrollado para ahondar la entonces apenas incipiente integración económica europea, que después daría sitio al considerablemente más ambicioso proyecto político que forman hoy los Veintisiete.
Más de medio siglo después, el BEI es una pieza clave para la “consecución de los objetivos de la Unión Europea mediante la financiación de proyectos a largo plazo, la concesión de garantías y la prestación de asesoramiento”, conforme los objetivos fijados por la propia corporación. El organismo se ufana de ser “uno de los mayores prestamistas supranacionales a escala mundial” y de disfrutar de una “excelente calificación crediticia”, un requisito esencial para poder ejercer sus funciones y financiar los proyectos aprobados, en general una tercera parte de exactamente los mismos, mas en ocasiones hasta el cincuenta%.
Los accionistas del BEI son los veintisiete Estados miembros, cuya participación en el capital del Banco va en función de su peso económico en la UE en el instante en que ingresaron en el club europeo. España, que contribuye con el nueve con sesenta y seis%, es el cuarto mayor impositor tras Alemania, Francia e Italia. Según sus estatutos, el BEI está autorizado a tener un máximo de préstamos pendientes equivalentes a un par de veces y media su capital subscrito, que hoy día asciende a 248.800 millones de euros.
Conforme al nuevo espíritu europeo, decidido desde 2019 a impulsar la transición verde, el BEI dejó de financiar, a finales de 2021, proyectos nuevos vinculados a combustibles fósiles, ganándose un nuevo sobrenombre, el de la banca verde o climática de Europa. Solo en 2022, el porcentaje de inversiones del BEI que fueron a proyectos de lucha contra el cambio climático o de sostenibilidad medioambiental ascendió a 36.500 millones de euros, un 58% del total. El resto fue dedicado en gran parte a proyectos centrados en otra de las prioridades de la entidad financiera, la cohesión regional mediante ayudas al desarrollo de las regiones más atrasadas, aunque el BEI también apoya financieramente la ayuda de cooperación de la UE a terceros países.
Por el contrario, la propuesta de la Comisión Europea la pasada primavera, que quería que el BEI apoyara también a la industria militar de los Veintisiete, acabando así con el histórico veto explícito de la institución a la financiación de armas y munición de uso puramente militar (aunque desde el año pasado sí se permite la financiación de proyectos de seguridad y defensa de uso dual, militar y civil), fue acogida fríamente por la actual cúpula del organismo.
De ser elegida, Calviño se convertiría en la primera mujer que dirige el BEI en sus 65 años de vida. El mandato de presidente (o presidenta) del Comité de Dirección, que conforman también otros 8 vicepresidentes, es por 6 años renovables. El candidato o candidata es nombrado por el Consejo de Gobernadores, formado a su vez por los ministros designados por los Estados miembros. La actual vicepresidenta primera española en funciones no es la única mujer que aspira a hacer historia poniéndose al frente de esta institución actualmente en manos del alemán Werner Hoyer: tiene una fuerte competidora en la comisaria europea de Competencia, la danesa Margrethe Vestager. En la lista de candidatos, según el Financial Times, asimismo figura otra mujer, la actual vicepresidenta polaca del BEI Teresa Czerwinska, así como otro vicepresidente de la corporación, el sueco Thomas Östros y el exministro italiano de Finanzas Daniele Franco.
