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La ola de deflactaciones aprobadas el año pasado en el IRPF por múltiples comunidades rebajará la factura fiscal de muchos impositores en esta campaña de la renta 2022/2023, que termina de comenzar. En los 8 territorios que han cambiado el tramo autonómico del impuesto para atenuar el impacto inflacionario, aun puede merecer la pena presentar la declaración aun sin estar obligados a ello —en línea general, están exentos los impositores que ganen menos de veintidos euros—, conforme el Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CEGE). Estas son Andalucía, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana.
Todos estos territorios han bajado sus tarifas —la mitad de la escala del IRPF la administra el Estado y la otra, la autonomía— y/o han cambiado los mínimos personales y familiares. El resultado es que a un soltero sin hijos, menor de sesenta y cinco años y con rentas de diecinueve euros, Hacienda le devolvería una media de noventa euros si presentase la declaración de la renta. De no hacerlo, perdería este reembolso.
Los especialistas del REAF-CGE, en su análisis de la Declaración de Renta y Patrimonio presentado este miércoles —que no incluye las comunidades forales (Navarra y País Vasco)—, concluyen que Canarias es la autonomía donde más vale la pena hacer la declaración para el perfil considerado: a pesar de no estar obligado, Hacienda le restituiría doscientos ochenta y nueve con cincuenta y ocho euros. ¿La razón? La fiscalidad autonómica es más conveniente que la nacional. “La retención en el IRPF se realiza con la tarifa estatal duplicada. Por ello, aunque el contribuyente no esté obligado a presentar la declaración, igual le conviene”, resume Rubén Gimeno, directivo del servicio de estudios del organismo.
En otras palabras, la retención en el IRPF que se aplica mes a mes en la nómina se calcula tal y como si todo el tramo del impuesto fuera estatal, sin reflejar ocasionales modificaciones a la baja o en alza que aplique la comunidad. Por ello —y otras deducciones o ajustes a los que se tiene derecho—, la declaración puede salir a devolver —si el ciudadano ha soportado más retenciones de las que le correspondían— o a ingresar —Hacienda le ha retenido menos de lo debido—.
En Canarias, como en el resto de comunidades previamente citadas, la retención aplicada es superior a la que debería. Lo mismo ocurre en Madrid, que ha deflactado tanto la tarifa como los mínimos personales y familiares (un 4,1%): la retención aplicada es ciento cuarenta y dos,4 euros mayor de la que debería para el impositor tipo analizado en el informe. En Galicia, el desfase es de ochenta y uno con veintiseis euros, de setenta con treinta y uno euros en la Comunidad Valenciana, de cuarenta y siete con veintitres euros en La Rioja. En Murcia se ubica en los treinta y cinco con noventa y uno euros, en Castilla y León en los 33,86 y en los 20,01 en Murcia.
En las demás autonomías siempre sale a pagar, pero se pueden distinguir dos perfiles. En algunos territorios casi no hay diferencia entre la retención y la factura que saldría de presentar la declaración IRPF —0,64 céntimos en Cantabria y Castilla-La Mancha—, en otros sí hay desfases —aunque bastante contenidos—, por lo cual los fiscalistas desaconsejan presentar la declaración si no hay obligación. En Cataluña, por ejemplo, habría que ingresar al fisco 69,64 euros; en Asturias, 35,14.
En línea general, solo deben a presentar la declaración de la renta quienes hayan percibido en el ejercicio más de 22.000 euros por ingresos del trabajo. Esta regla vale si se tiene un único pagador o, en caso de que sean varios, la suma del segundo y posteriores sea inferior a los 1.500 euros. Si se supera este umbral, el límite baja a los 14.000 euros. Pero hay que tener cuidado con el origen de la renta y su composición. Operaciones que generen ganancias patrimoniales, como la venta de una vivienda, cambian la posición del contribuyente; el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que paga las prestaciones por ERTE, se considera como un pagador más. Asimismo, si se reciben determinadas ayudas públicas, como el ingreso mínimo vital, el ciudadano siempre tiene que presentar la declaración.
Nuevo impuesto a la riqueza
También hay diferencias territoriales con respecto a la imposición sobre la riqueza, que van reduciéndose a medidas que la fortuna crece. Este efecto se debe a distinto tratamiento que las comunidades dan al impuesto sobre el patrimonio, un tributo gestionado por las autonomías y que es deducible del nuevo gravamen de solidaridad a las grandes fortunas, que se cobrará por primera vez este año.
(*1*), ha señalado el presidente del CGE, Valentín Pich. Este nuevo impuesto, que ha causado un importante revuelo político por invadir la autonomía fiscal de las comunidades, se liquidará entre el 1 y el 31 de julio. Afecta solo a las riquezas de más de 3 millones, con tipos crecientes que van del 1,5% hasta el 3,5% cuando se superan los 10 millones.
Si la cuota a abonar por el nuevo tributo es inferior a la de patrimonio, entonces las comunidades solo cobrarán el impuesto autonómico. En el supuesto contrario, una parte o el total de la cuota se corresponde al impuesto de solidaridad, que ingresa el Estado. En Madrid y Andalucía, las únicas dos regiones que bonifican patrimonio al 100%, un contribuyente soltero, sin hijos, menor de 65 años y con una fortuna reducida de cuatro millones, solo pagará este año 5.100 euros por el tributo a las grandes fortunas, frente a los 59.919 de Extremadura o los 49.997 de las Baleares en concepto de impuesto sobre el patrimonio. Si la riqueza del mismo contribuyente fuera de 40 millones, abonaría en Madrid unos 230.000 euros por el gravamen de solidaridad. La misma cuota se exigiría en Cantabria, Cataluña o Murcia, mas repartida entre las dos figuras.
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