La CEOE, Cepyme y ATA han mostrado su oposición a ciertas medidas incluidas en el Real Decreto-ley que reforma la protección por desempleo, aprobado recientemente por el Gobierno. Las cúpulas patronales se han unido para rechazar los cambios que consideran perjudiciales para el diálogo social.
En concreto, han criticado la modificación normativa del Consejo Económico y Social (CES) que abre la participación a organizaciones empresariales autonómicas, no solo estatales como era habitual. Esta medida ha suscitado desacuerdo entre los empresarios que consideran que el Gobierno busca incorporar actores afines a sus intereses en las negociaciones.
Otro punto de discordia es la aprobación de la prioridad de los convenios autonómicos y provinciales sobre los estatales en ciertas circunstancias. Tanto las patronales como los sindicatos UGT y CC OO han expresado su rechazo a esta modificación, alegando que altera significativamente la estructura de la negociación colectiva.
La CEOE ha manifestado su preocupación por la tendencia intervencionista del Gobierno en las relaciones laborales, acusándolo de modificar unilateralmente el espacio de negociación que históricamente han compartido empresas y trabajadores. Esta acción, según los empresarios, no ha sido objeto de consulta en el diálogo social, incumpliendo el artículo 7 de la Constitución que establece la obligatoriedad de consultar en temas relevantes de la negociación colectiva.
En definitiva, la polémica continúa entre el Gobierno y las patronales por las recientes modificaciones en las negociaciones laborales, que han generado malestar en el sector empresarial.
