El Gobierno acrecienta la presión sobre el ámbito financiero a fin de que retribuya más el ahorro de las familias. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha anunciado este jueves que ha encargado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una investigación sobre “si hay factores que estén afectando a los incentivos de la banca para remunerar los depósitos”, con la cooperación del Banco de España. La titular de Economía, además de esto, no ha descartado que tras el análisis haya cambios normativos para forzar a las entidades. “Hemos encargado el estudio a Competencia y después, eventualmente, veremos si es necesario algún cambio legislativo”. Es decir, o cambia la estrategia de costos o amenaza con regularlo por ley.
De esta forma, el Ejecutivo da un paso más para intentar forzar al ámbito a que empiece la guerra por el pasivo. Según los últimos datos libres del BCE, de abril, las entidades nacionales pagaron de media un uno con treinta y tres% a los hogares por los nuevos depósitos a plazo de hasta un año, muy bajo el dos con veintisiete% que se anotó la zona euro. Y supone la mitad de la rentabilidad que se ofrece en otros países europeos como Italia (tres con once%) o Francia (tres con tres%).
Sobre esta cuestión, la presidente de la CNMC, Cani Fernández, demandó hace una semana más herramientas para poder investigar la escasa rentabilidad que se está ofreciendo. Y aseguró estar sorprendida por el hecho de que la banca no aproveche la baja retribución del ahorro para captar clientes del servicio. “Me cuesta mucho ver que los bancos no quieran ganar cuota de mercado”, afirmó en Santander.
Según Fernández, el inconveniente en el ámbito financiero de España es que existe una suerte de oligopolio transparente. Esto es, a las compañías les es suficiente con mirar lo que hacen el resto y amoldarse sin precisar convenir costos de forma explícita. “Tenemos un agujero en nuestras herramientas para controlar esta situación, que es una colusión tácita”, afirmó.
Las patronales bancarias —la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc)—, por su parte, han incidido en que no pueden entrar en la política de costos de cada entidad. Y han preferido no valorar la amenaza de posibles cambios legislativos si no medra la retribución del ahorro de las familias. “No tenemos más información que lo que hemos escuchado hoy. Es muy difícil hacer una valoración”, ha dicho Alejandra Kindelán, presidente de la AEB.
José María Méndez, directivo general de CECA, tampoco ha querido opinar sobre esta cuestión: “No tenemos nada que decir”. Aunque ha asegurado que el ámbito va a ayudar en tal estudio: “Vamos a colaborar en todo lo que nos pidan. Existe un grado de competencia muy alto en el sector financiero español”.
Patricia Suárez, de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), ha criticado sin miramientos la estrategia comercial del ámbito. “Falta competencia por el proceso de concentración bancaria tras la crisis de 2008. Hay una especie de pacto de no agresión y por eso evitan remunerar más los depósitos”, ha afeado Suárez.
Más de treinta.000 solicitudes
Otro de los temas primordiales que ha centrado la asamblea ha sido la revisión de de qué forma está marchando el plan de rescate para hipotecados en apuros por el repunte de la subida de tipos (y del euríbor). Calviño ha cifrado en treinta y tres las peticiones entre enero y mayo, tanto a la actualización del Código de Buenas Prácticas en vigor desde dos mil doce como al nuevo protocolo temporal para las familias bajo riesgo de vulnerabilidad.
“Hay que hablar con enorme cautela todavía y está pendiente de la verificación del Banco de España. Con los datos preliminares, las solicitudes se reparten principalmente entre la ampliación del plazo del préstamo, con congelación de las cuotas, y el cambio de hipoteca a tipo variable a tipo fijo”, ha detallado la vicepresidenta económica del Ejecutivo.
De estas peticiones, un cuarenta% está aún en tramitación. Por ello, el Gobierno no ha detallado el número de hogares favorecidos de momento, y deja que sea el Banco de España quien lo cifre. Además, fuera del marco del código, se han producido pactos de refinanciaciones en veintinueve hipotecas. Es decir, no se han acogido al protocolo aprobado a final del año pasado, mas sí han renegociado con su entidad para mitigar el efecto del aumento de la cuota hipotecaria tras la subida experimentada por el euríbor.
Sobre esta cuestión, la vicepresidenta ha avanzado su propuesta de repasar el Código de Buenas Prácticas, a fin de que sirva como red de socorro a más familias, tras un número de solicitudes menor del aguardado. “Hemos propuesto la ampliación de hasta tres años en los créditos hipotecarios a tipo variable para primera vivienda”, ha anunciado. De esta forma, se trataría de reducir la cuota mensual que pagan estos hogares, si bien estas posibles modificaciones se han aplazado a tras verano.
Tanto el ámbito como el Banco de España han frenado esta propuesta, que se podría enmarcar en las promesas electorales con los comicios a solo 3 semanas. “Sería prematuro cambiar en este momento los códigos y por eso nos hemos emplazado a septiembre para seguir trabajando en estos protocolos”, ha reconocido Calviño. Así, Ejecutivo y ámbito financiero han acordado dejar pasar estos meses para dar tiempo a los pactos y que se culmine la translación de la subida de tipos. “Eso nos obliga a mantenernos alerta y reforzar las medidas establecidas”, ha sobre aviso la vicepresidenta, que vuelve a advertir a la banca de que está presta a abrir la negociación para ampliar los requisitos y que estas ayudas lleguen a más familias.
Las medidas aprobadas el pasado noviembre se dividen en dos protocolos: uno, a través de la ampliación del Código de Buenas Prácticas, en vigor desde dos mil doce, donde se agregaron medidas para las unidades familiares que ingresen hasta veinticinco y doscientos euros anuales (3 veces el IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples, en catorce pagas), que la carga hipotecaria se les haya aumentado y cuya cuota mensual supere la mitad de los ingresos netos del hogar, lo que es conocido como la tasa de esmero. Estas familias van a poder optar a un periodo de falta de 5 años del capital con un género de interés reducido.
Por otro lado, se sacó adelante un nuevo código para familias bajo riesgo de ser frágiles con rentas de hasta veintinueve y cuatrocientos euros, cuya tasa de esmero supere el treinta% y esta, a su vez, se haya aumentado cuando menos un veinte%. Estos se van a poder acoger a una congelación de la cuota a lo largo de doce meses, exender asimismo hasta 7 años el plazo de amortización del préstamo y acogerse a un género de interés menor sobre el primordial aplazado.
Petición escasa
Sobre el nivel de peticiones, el número queda lejísimos de lo previsto cuando las negociaciones vieron la fumata blanca. Entonces, en el mes de noviembre, el Ejecutivo calculó que este escudo social favorecería a hasta un millón de familias endeudadas. Sin embargo, meses después, el Banco de España calculó que esa red, si se toman los datos históricos de adhesión a esta clase de protocolos, llegaría de forma eficaz solo a cerca de doscientos familias.
Este menor impacto se explica, conforme el Gobierno y el ámbito financiero, por una mejor evolución de la economía de España y la fortaleza del mercado de trabajo. Además, “la situación de partida de los hogares está más saneada que en otros periodos de subidas de tipos”, ha zanjado Calviño.
