El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una de las políticas más relevantes implementadas en España para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. A pesar de sus nobles intenciones, es crucial analizar tanto sus beneficios como los desafíos que ha enfrentado desde su instauración en 2020.
El IMV surgió como un escudo estatal para garantizar una vida digna a aquellos que se encuentran en situación de precariedad. A pesar de las críticas iniciales, se ha posicionado como una medida necesaria y beneficiosa, incluso contando con apoyo transversal en el ámbito político español.
Según un informe reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), solo el 36% de los potenciales beneficiarios del IMV recibieron la prestación en 2023, y un alarmante 56% de las personas con derecho a esta ayuda ni siquiera la solicitaron, datos consistentes con años anteriores.
Es importante destacar que una parte significativa de las personas elegibles para el IMV que no lo han solicitado, ya reciben otras prestaciones públicas, como ayudas por desempleo o rentas mínimas garantizadas por las comunidades autónomas. Esta situación refleja la importancia de coordinar y optimizar la red de ayudas existente.
El impacto del IMV se hace evidente al comparar el número de familias protegidas antes y después de su implementación. Mientras en mayo de 2020 las rentas mínimas autonómicas amparaban a 239.000 familias, la introducción del ingreso mínimo elevó esta cifra a 514.000, demostrando un avance en materia de protección social que aún requiere ajustes para su óptimo funcionamiento.
Para potenciar la efectividad del IMV, resulta imperativo considerar las recomendaciones planteadas por la Airef, especialmente la transición hacia «prestaciones de oficio» que tomen en cuenta todas las ayudas disponibles para cada beneficiario, garantizando así que nadie quede desamparado en momentos de necesidad.
