En lo que va de 2024, dos comunidades autónomas, Asturias y Canarias, se han unido al grupo de regiones que han implementado regulaciones restrictivas contra la energía fotovoltaica en España. Esto supone un desafío para el desarrollo de proyectos que utilizan energía solar en un país que destaca por su potencial en esta área.
En el caso de Asturias, el Gobierno ha aprobado una nueva proposición de ley para limitar la instalación de parques de baterías que almacenan energía solar. Por otro lado, en Canarias, se ha modificado la Ley de Cambio Climático con la obligación de que empresas con proyectos renovables a partir de 2 MW destinen un 20% de su generación a los municipios donde se instalen, o a una compañía energética pública canaria.
Estas medidas se suman a las restricciones ya implementadas en otras comunidades, como La Rioja, Aragón y País Vasco, donde se han aprobado impuestos y moratorias que han generado controversia en el sector de las energías renovables.
Asturias y su regulación sobre baterías
La propuesta legal de Asturias limita la instalación de parques de baterías a una distancia de un kilómetro de núcleos de población y a 500 metros de instalaciones ganaderas o bosques autóctonos. Esta medida ha generado críticas dentro del sector, ya que se considera que carece de fundamentos científicos y técnicos.
A pesar de que Asturias cuenta con menos recursos solares que otras regiones, su potencial en el almacenamiento de energía renovable a través de baterías es significativo. La comunidad ha recibido 170 solicitudes para proyectos de este tipo, pero la publicación pendiente de un decreto regulatorio ha paralizado temporalmente estas iniciativas.
El desafío en Canarias
En el caso de Canarias, la nueva regulación exige que los proyectos renovables de gran escala destinen una parte de su generación a la participación local en el accionariado. Esta medida, basada en la Directiva de Renovables, ha sido cuestionada por su impacto en la inversión en energías limpias en la isla.
UNEF ha realizado alegaciones al decreto ley canario, sugiriendo la ampliación del límite de potencia y la congelación de la medida hasta que se establezcan criterios claros para la participación ciudadana en proyectos de energías renovables.
En un contexto de emergencia climática, las comunidades autónomas enfrentan el desafío de equilibrar el desarrollo energético con la protección del entorno y la participación social en la transición hacia un modelo sostenible.
