Una O.N.G. está desarrollando una herramienta concreta que rastreará los posibles inconvenientes en materia de libertades civiles derivados del desarrollo de las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) en múltiples países.

Seguimiento en línea del impacto de las CBDC en los derechos humanos

Como una parte del programa de investigación, se creó un rastreador online que se prueba para informar y rastrear el impacto de las CBDC en las libertades civiles y los derechos humanos.

La herramienta fue puesta en marcha por la Human Rights Foundation (HRF), una O.N.G. que dio financiación para el proyecto. El rastreador fue desarrollado por

  • Nicholas Anthony, analista político del Centro de Alternativas Monetarias y Financieras del Instituto Cato;
  • Janine Römer, cronista de investigación independiente, estudiosa de la privacidad y miembro del consejo de Open Sats;
  • Matthew Mezinskis, especialista en finanzas corporativas y comunicador del podcast Crypto Voices.

Cabe indicar que fueron los analistas del Instituto Cato quienes resaltaron previamente que la CBDC “amenazaba las libertades de los estadounidenses”.

Según Alex Gladstein, directivo de desarrollo estratégico de la HRF, el recurso online esbozará el progreso de la CBDC en el mundo entero e identificará los peligros para las libertades civiles. Según la página oficial del rastreador, la iniciativa es en especial esencial pues la CBDC crea un vínculo directo entre los ciudadanos y el banco central, lo que tiene el potencial de crear muchos inconvenientes de derechos humanos si se pone en práctica.

La funcionalidad completa del rastreador se va a poner en marcha a fines de este año.

Como recordatorio, la enorme mayoría de los bancos centrales del planeta se hallan en la fase de investigación de la CBDC. Por otro lado, las instituciones financieras experimentan activamente con la interoperabilidad de múltiples diseños de moneda digital, lo que apunta a la necesidad de estimar factores concretos en el desarrollo de la CBDC. Y solo ciertos analistas apuntan que las monedas digitales públicas suponen una amenaza para la privacidad de los usuarios y podrían emplearse para supervisar los pagos.

José Manuel Gómez Aparicio