España vive una crisis de anomalía presupuestaria, donde todos los partidos políticos, incluyendo al Gobierno, han fallado en priorizar acuerdos que favorezcan un buen funcionamiento legislativo. Actualmente, la responsabilidad de presentar las cuentas públicas recae exclusivamente en el Ejecutivo, un deber que no ha cumplido.
Un nuevo calendario para el gasto público
Recientemente, el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, ha propuesto un nuevo calendario ante el previsible estancamiento en el Parlamento. Tras la aprobación del techo de gasto, que es competencia del Gobierno, se espera que la senda de gasto, que sí necesita el visto bueno del Legislativo, se presente antes de finalizar el año. El plan es tener listo un proyecto de Presupuestos para el primer trimestre de 2026, con la intención de que se apruebe en primavera.
La normativa constitucional, según el artículo 134, no obliga a la aprobación de nuevas cuentas, pero establece que el Ejecutivo debe presentar su propuesta al Congreso al menos tres meses antes de que expiren los presupuestos del año anterior. Este requisito se ha ignorado durante un tiempo considerable. El Gobierno tiene motivos para argumentar que la prórroga de los Presupuestos de 2023 es resultado del cortoplacismo y la falta de responsabilidad de algunos partidos, un argumento que podrían usar en caso de un nuevo fracaso en la aprobación de las cuentas. Sin embargo, esto no justifica su omisión de presentar un nuevo proyecto, lo que podría evidenciar su debilidad en el Parlamento.
El dilema de la prórroga y los fondos europeos
Desde el Ejecutivo se sostiene que es posible alcanzar los objetivos de política económica a través de la prórroga presupuestaria y la utilización de los fondos europeos Next Generation. Esta estrategia permitiría mantener la inversión sin necesidad de hacer múltiples concesiones a los socios parlamentarios, lo que podría simplificar la gobernanza.
La reciente dilación del Gobierno podría ser comprensible si, durante este tiempo adicional, logran recuperar el apoyo de Junts, quien recientemente rompió relaciones con el Ejecutivo. Este tipo de justificaciones políticas podrían comunicarse a una ciudadanía que, sorprendentemente, muchas veces se percibe como menos madura de lo que realmente es. Sin embargo, el cumplimiento de las obligaciones constitucionales es una responsabilidad compartida, que también recae en el Gobierno.
La situación actual requiere un compromiso firme para garantizar la estabilidad presupuestaria y un funcionamiento efectivo del sistema democrático en España.
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