La reciente saga de la central nuclear de Almaraz ha revelado más de lo que se esperaba sobre la situación actual de la energía nuclear en España. Las empresas propietarias de la instalación han sido insistentes en su deseo de mantenerla operativa, pero su retórica plantea interrogantes fascinantes.
Mensajes Clave de las Empresas
En su discurso, las corporaciones han sostenido dos puntos centrales:
- Renovación de la Autorización: Exigen una modificación de una orden ministerial que actualmente impide la renovación de la autorización de explotación.
- Asfixia Fiscal: Argumentan que los impuestos altos han convertido la operación en un negocio insostenible. Si no hay una reducción fiscal, la renovación será inviable.
El pasado 30 de octubre se produjo un giro inesperado que puso en cuestión estas afirmaciones. La central hizo una solicitud de renovación sin condiciones, desafiando las prevenciones gubernamentales que las empresas habían empleado como justificación para su aparente crisis.
La Reacción de la Opinión Pública
Es comprensible que los trabajadores y habitantes de la región apoyen la continuidad de la central. Sin embargo, sorprende que algunos partidos y medios hayan aceptado sin cuestionar las afirmaciones de estas empresas. La idea de transferir recursos públicos directamente a sus cuentas sin un análisis crítico es, en el mejor de los casos, preocupante.
Frente a esta situación, podríamos cuestionar las repercusiones de haber accedido a sus exigencias. Haciendo un revisión de los impuestos que soporta Almaraz, es evidente que su situación fiscal no es nueva; muchos de estos gravámenes se instauraron en 2012.
Impuestos y Cargas Financieras
Almaraz está sujeta a varios impuestos, incluyendo:
- Impuesto sobre la producción de energía eléctrica: Implantado en 2012, lo que generó que la central de Garoña cerrara debido a su impacto económico.
- Ecotasa: Introducida en 1997 y posteriormente incrementada en 2012, representa otra carga significativa para la operación.
Desde entonces, las cargas fiscales de Almaraz no han cambiado fundamentally. Las medidas adoptadas en 2012 aumentaron esas cargas en más de 6 €/MWh en comparación con otras tecnologías.
Otros cargos que enfrenta la central incluyen tasas para la gestión de residuos y el desmantelamiento de instalaciones nucleares. Aunque el gobierno ha ajustado las tarifas en años recientes, el coste total de manejar sus desechos sigue siendo más bajo que en plantas similares en Europa y EE. UU.
Hoy, las empresas sostienen que Almaraz enfrenta unos 28 €/MWh en total de impuestos y tasas. La verdad es que, en comparación con 2020, la «asfixia» se traduce en apenas un aumento de 2,38 €/MWh, es decir, menos del 10% del total.
Una Estrategia Cambiante
Detrás de la presión por obtener un rescate se oculta un cambio estratégico en las expectativas del mercado. En 2019, Iberdrola proyectaba cerrar la planta al cumplir 40 años de operación, ya que anticipaba que la energía nuclear pasaría a ser inviable. Sin embargo, con el incremento en las expectativas de precios, la situación ha dado un giro.
Por lo tanto, es crucial cuestionar la realidad detrás de las exigencias de renovación de los propietarios de Almaraz. Afortunadamente, el rescate no se llevó a cabo, lo que beneficia a todos, menos a las tres empresas involucradas. La esencia de la discusión sobre la energía nuclear y su futuro en España permanece abierta, y es fundamental continuar debatiéndola con información clara y objetiva.
José Luis Navarro Ribera, quien fue presidente de Enresa entre 2018 y 2024, nos ofrece una perspectiva invaluable sobre estos debates críticos que afectan no solo a la industria, sino también a la comunidad y al futuro energético de nuestro país.
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