Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, ha escuchado atentamente las inquietudes de las entidades sociales y ha dado un paso audaz al promulgar un real decreto para impulsar las finanzas éticas. Esta normativa, que verá la luz en primavera tras la validación de otros departamentos y del Consejo de Estado, tiene como principal objetivo “priorizar el impacto social y ambiental positivo sobre la maximización del beneficio económico”, así como “promover una inclusión financiera equitativa”.
¿Qué establece el real decreto sobre finanzas éticas?
Este decreto define los criterios que rigen las entidades de finanzas éticas, independientemente de su forma jurídica. Las pautas más relevantes incluyen:
- Reinversión de beneficios: El 75% de las ganancias deberá destinarse a fortalecer el patrimonio de la entidad.
- Apoyo a organizaciones sin fines de lucro: Al menos el 20% de los créditos otorgados debe dirigirse a este tipo de organizaciones.
- Modelo organizativo: La estructura debe ser democrática y participativa.
- Exclusiones de financiación: No se permitirá el financiamiento de sectores como la industria armamentística, el juego y los combustibles fósiles.
Un enfoque respaldado por la regulación europea
El interés por la banca ética no es un concepto nuevo; el real decreto se apoya en normativas europeas como el reglamento sobre la divulgación de sostenibilidad en servicios financieros (SFDR, 2019) y leyes implementadas en países como Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica y Lituania.
El Séptimo Informe sobre Finanzas Éticas en Europa, titulado Más allá del beneficio, ofrece datos significativos para 2022. Los bancos éticos presentan una sólida base patrimonial, contando con un 23,3% de capital principal, frente al 17,2% de los grandes bancos. Además, estos últimos concentran una mayor parte de sus recursos en empresas y familias. Sin embargo, esto también conlleva una tasa más alta de créditos fallidos para las entidades éticas (5,7% contra 3,5% de los bancos significativos), lo que se debe a su enfoque responsable y personalizado en la gestión de deudas, en contraste con la práctica de los grandes bancos de vender deuda a fondos especulativos.
Impulsando la economía social
A través de esta normativa, el Gobierno busca fortalecer la visibilidad y la seguridad jurídica de las entidades financieras que operan dentro de la economía social. Clara E. Mattei, profesora de Economía en la Universidad de Tulsa, señala en su obra El orden del Capital que el auge de las cooperativas en Italia en los años 1919 y 1920 fue posible gracias al respaldo gubernamental.
El economista Carlos Martín Urriza, diputado de Sumar, elabora más sobre la problemática: “Los bancos trabajan con una concesión pública muy significativa; tienen la capacidad de crear dinero y los ciudadanos no reciben nada a cambio. Hemos visto desaparecer las cuentas corrientes sin costo; hoy solo existe la cuenta básica gratuita para colectivos vulnerables. En el sector financiero, el cliente tiene que adaptarse a las necesidades del banco, mientras que la financiación a sectores fósiles debería estar gravada de forma más severa que la verde”. La actuación del Gobierno resulta crucial para establecer unas finanzas más justas y responsables.
Con este decreto, España se acerca a un modelo financiero que prioriza la responsabilidad social y ambiental, pilares fundamentales de un futuro más sostenible.
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