La propuesta ha conseguido el respaldo de varios partidos, incluyendo PSOE, Sumar, Junts, ERC, Podemos, PNV, BNG, Coalición Canaria y algunos representantes del Grupo Mixto, como José Luis Ábalos y Águeda Micó. Por el contrario, el PP, Vox y UPN se han opuesto a esta legislación.
Tras este primer trámite, la propuesta de ley avanzará a la siguiente fase parlamentaria, donde se abrirá un periodo para que los grupos políticos presenten enmiendas. Este proceso podría prolongarse durante varias semanas, dando lugar a posibles modificaciones y debates en torno a la iniciativa.
MULTAS Y RESPONSABILIDADES PARA LAS PLATAFORMAS
La legislación contempla un régimen de multas que afectará directamente a las empresas y plataformas involucradas. La responsabilidad recaerá sobre ellas para asegurar que no se permita la proliferación de alojamientos ilegales en el mercado de alquiler turístico.
En cuanto a las sanciones, estas pueden variar considerablemente. Las multas oscilarán entre 10,000 euros y hasta 1 millón de euros en los casos más graves. Este último monto sería aplicable si una plataforma permite la contratación de un alojamiento turístico que no cuente con licencia o con los permisos de habitabilidad y salubridad necesarios. Asimismo, se sancionará si se contrata un alojamiento sin vincularlo a los datos personales del anfitrión.
