Las tareas de prevención y lucha contra el fraude aportaron unos dieciseis y seiscientos setenta y cinco millones de euros a las arcas públicas en dos mil veintidos. Las actuaciones de control efectuadas fueron treinta y nueve y trescientos, que se centraron en grandes empresas, patrimonios relevantes y economía sumergida. En el caso de las multinacionales, la Agencia Tributaria reguló más de tres mil cuatrocientos millones en bases imponibles vinculadas a la fiscalidad internacional; de las grandes fortunas rasguñó quinientos cuarenta y seis millones por medio de mil ciento treinta comprobaciones —solo superados por los seiscientos ocho millones de 2019—, y cogió a noventa y siete impositores adinerados que fingían vivir en el extranjero para sortear el pago de impuestos. El resultado final es algo inferior al del dos mil veintiuno, mas en términos homogéneos —excluidas operaciones excepcionales, en un caso así los expedientes de aminoración de pagos fraccionados—, el saldo es positivo: logró quince y trescientos sesenta y dos millones, un dos con siete% más que el año anterior.
El fisco lleva tiempo con el foco puesto en los grandes patrimonios. En dos mil dieciocho creó la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes y las actuaciones sobre grandes fortunas ha ido ganando poco a poco más peso. Hasta cuenta con una herramienta informática que, a través del big data, facilita la identificación de aquellos impositores que simulan vivir fuera de España. El año pasado se comenzaron actuaciones de comprobación a doscientos cincuenta y dos de estos ciudadanos, y se concluyeron las relativas a los noventa y siete residentes ya antes mentados. La Agencia Tributaria determinó que este centenar de impositores que fingía vivir en otros países tenía vivienda eficaz en España y les liquidó veintiocho,2 millones de euros.
En dos mil veintidos, la Unidad de control de patrimonios relevantes asimismo puso en marcha un nuevo proyecto para advertir de forma automatizada las compañías que deducen gastos personales de sus participantes, un fraude común entre impositores con gran poder adquisitivo que lleva a regularizaciones en IRPF, IVA y sociedades. Este programa asimismo se apoya en técnicas avanzadas de análisis de datos.
El control de la fiscalidad de las multinacionales es otra prioridad de Hacienda, como reflejan los datos: las actuaciones de comprobación a grandes empresas, multinacionales y conjuntos fiscales aumentaron ocho con nueve% en dos mil veintidos, hasta las veintinueve y trescientos noventa y cuatro actuaciones. Durante el ejercicio se concluyeron ciento diecisiete comprobaciones inspectoras, en frente de las ciento doce de dos mil veintiuno, con ajustes en bases imponibles por importe total de tres mil cuatrocientos nueve millones. También se concluyeron cuarenta y tres pactos anteriores de valoración (APA) relativos a los costes de trasferencia (que abonan las sociedades en las operaciones intragrupo), de los que veintiocho fueron estimados garantizando bases imponibles futuras por dos mil setecientos doce millones.
La Agencia Tributaria asimismo ha minorado bases negativas, deducciones pendientes de aplicar y cuotas a compensar por más de tres mil ochocientos millones. El cincuenta% de este importe se corresponde a actuaciones de la Delegación Central de Grandes Contribuyente, y se va a traducir en una mayor colecta salvaje y líquida en ejercicios futuros.
Economía sumergida
Uno de los grandes lastres de la economía, y muy complicado de cuantificar, es la actividad sumergida. En dos mil veintidos, las diferentes delegaciones de la Agencia Tributaria realizaron dos mil trescientos doce actuaciones inspectoras que destaparon ventas ocultas por cuatrocientos treinta y cinco millones de euros, un ocho con ocho% más respecto al año precedente. La mayoría de ellas se corresponden al trabajo autónomo (mil cuatrocientos siete expedientes, por un total de doscientos sesenta y nueve millones).
La Inspección asimismo ha efectuado veintiuno operaciones ordenadas en ámbitos considerados de peligro por los elevados cobros en efectivo. El objetivo no es únicamente el descubrir ventas ocultas; asimismo pretende lanzar un mensaje al conjunto de los colectivos que están bajo la lupa para prosperar su cumplimiento voluntario. Los ingresos derivados de los dos mil quince expedientes llevados a cabo entre dos mil trece y dos mil veintidos alcanzan los trescientos ochenta y seis millones. El importe pertinente al año pasado asciende a quince con siete millones con setenta y cuatro expedientes finalizados. También el Plan de Visitas de Inspección, que se había paralizado con la pandemia, contribuye a observar las obligaciones formales y registrales en los ámbitos de peligro. En dos mil veintidos hubo veintinueve y ochenta y seis actuaciones presenciales, niveles próximos a los registros precedentes a la pandemia (treinta y setecientos veinticinco en dos mil diecinueve).
El control de alquileres asimismo es clave para la Agencia Tributaria, que en los últimos tiempos ha aumentado los avisos a los impositores que se alardea que están arrendando una propiedad sin declararla. Hacienda estima que estas campañas inducen a la declaración voluntaria que hace brotar rentas inmobiliarias ocultas. El impacto que calcula es la integración en los últimos 7 años de 1.182.000 declaraciones, con una mayor base imponible declarada de siete mil setecientos cincuenta y siete millones y una mayor colecta de novecientos treinta y tres millones. Asimismo, se ha reforzado la vigilancia sobre las criptomonedas, frente a la proliferación de los nuevos activos digitales.
