Directivos y altos responsables de más de ciento cincuenta grandes empresas europeas tienen dudas, y serias, sobre de qué forma planea la Unión Europea en transformarse en la primera zona del planeta en regular la inteligencia artificial (IA). Les preocupa sobre todo, como han explicado en una carta abierta mandada a las primordiales instituciones europeas —Comisión, Consejo y la Eurocámara— que con los rigurosos controles que esta normativa pretende imponer sobre todo a la IA generativa (como el ChatGPT) se ponga “en peligro” la capacidad competitiva de la industria europea ante sus contrincantes, sobre todo Estados Unidos. Si no se “revisan” aspectos esenciales de la normativa, se podría generar, advierten, una fuga de estas compañías a territorios menos regulados que el europeo.
“La legislación propuesta puede poner en peligro la competitividad y soberanía tecnológica europeas, sin abordar de manera eficiente los desafíos que estamos y vamos a seguir afrontando” en materia de IA, singularmente la generativa, advierten en la carta altos responsables, creadores o accionistas clave de empresas insignia europeas como Airbus, Siemens, Orange, Publicis, Ravensburg o TomTom.
El Parlamento Europeo aprobó a mediados de mes su situación final sobre la Ley de Inteligencia Artificial (IA). Su versión es más rigurosa en materia de controles de trasparencia y capas extra de seguridad sobre todo para la IA generativa que la propuesta original de la Comisión Europea y la aprobada por los Estados en el último mes del año. Ahora, bajo la presidencia de España de turno de la UE, se va a deber negociar a 3 bandas un texto final, que se espera se transforme en regla para toda la UE como tarde en dos mil veintiseis, aparte de un modelo de legislación vanguardista en el planeta.
Es exactamente la mayor regulación de la IA generativa lo que más preocupa a las compañías, conforme la carta adelantada por el Financial Times y que ha podido preguntar Forbes Hispano. Para los firmantes, la propuesta de “regular fuertemente” estos modelos fundacionales va a hacer que las compañías que los desarrollan y aplican deban encarar “costes de conformidad y riesgos de responsabilidad desproporcionados”. Algo que, advierten, “podría llevar a compañías altamente innovadoras a trasladar sus actividades fuera” y a que los inversores “retiren su capital” de los proyectos europeos en materia de IA generativa, lo que provocaría una “laguna de productividad crítica entre los dos lados del Atlántico”.
Para los signatarios, es clave que la UE “aproveche esta oportunidad para crear igualdad de condiciones legalmente vinculantes”. Pero ello requiere, aseveran, que los responsables europeos “revisen la última versión de la Ley de IA y acuerden una legislación proporcionada y con visión de futuro que contribuya a la competitividad europea a la par que protege a la sociedad”.
Uno de los co-comunicantes de la Ley de IA, el socialdemócrata italiano Brando Benifei, ha contestado que toma nota de la solicitud, mas ha dejado claro que la Eurocámara no va a dejar de lado la protección de “derechos fundamentales” frente a unas tecnologías que proponen muchas dudas por su potencial intrusivo y como instrumento de control estatal.
“Hemos escuchado y vamos a seguir escuchando todas las inquietudes”, asegura Benifei. Pero para el italiano, que a lo largo de las negociaciones dejó clara la relevancia de que la legislación haga que “el contenido de la IA sea reconocible y que los deep fakes no envenenen nuestra democracia”, el trabajo de los legisladores europeos puede abordar, y lo hace, “el impacto en derechos fundamentales” de la IA “sin obstaculizar la necesaria búsqueda de innovación y su aplicación para mejorar la sociedad”.
