Nunca ha habido un mejor instante que el presente para hacerse funcionario. Faltan apenas unos días a fin de que por tercer año sucesivo el Gobierno anuncie una oferta pública de empleo histórica. Con las elecciones a la vuelta de el rincón, el Ejecutivo va a aprovechar para hacer un guiño a los votantes poniendo puestos en la balanza en una convocatoria que se prevé igualmente voluminosa a la de dos mil veintidos. No es la primera vez que lo hace ni tampoco va a ser el único gobierno. La Comunidad de Madrid recurrió a esta estrategia a lo largo de los pasados comicios autonómicos. En cualquier caso, se trata de una buena nueva para los españoles, que día tras día ven con mejores ojos transformarse en empleados públicos. De hecho, el setenta y cuatro% de los ciudadanos estima que ser funcionario deja tener una calidad de vida mejor que la que ofrecen la mayor parte de los trabajos.
De ahí el bum de la demanda. La mitad de la población activa, una de cada dos personas de entre dieciocho y cincuenta y cinco años, ha opositado o piensa en hacerlo, conforme con el estudio efectuado por la plataforma online de preparación de exámenes Opositatest, que ubica la cantidad total de españoles en seis con ocho y cinco con uno millones, respectivamente. Y medrando del orden de un diez% anual.
Se ha producido un cambio de paradigma claro entre las perspectivas de futuro que ahora se le ve a la función pública y las que se atisbaban hace unos años. A ello ha contribuido la convocatoria de empleo estatal (OEP), de 44.787 plazas en 2022 y 31.371 en 2021, después del periodo 2010-2014 en el que se congeló la oferta, dando salida a poco menos de 5.000 plazas anuales. “Con el batacazo de la crisis financiera se demonizó al funcionario; estaba muy mal visto trabajar para la Administración”, sostiene Ángela de las Heras, coordinadora general de Oposiciones del Centro de Estudios Financieros (CEF).
Pero actualmente los españoles han vuelto a valorar las ventajas del funcionario de carrera: “Las oposiciones ya no están denostadas como salida profesional como ocurría antes; al contrario, trabajar en la Administración proporciona mayor calidad de vida que la empresa privada, ofrece un puesto fijo y mejor horario”, esgrime María José del Castillo, sevillana de 27 años, que después de acabar su carrera y su máster decidió lanzarse a estudiar las pruebas para ser funcionaria, como están haciendo muchos de sus amigos gracias a esos alicientes que han vuelto a cobrar importancia tras la pandemia.
Al margen de la OEP de 2023 que está al caer, actualmente conviven en el tiempo las convocatorias correspondientes a 2020, 2021 y 2022, “una oferta sin precedentes”, según el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que cuantifica en 50.524 plazas, 28.814 de acceso libre. Aunque la mayor parte de los procesos de selección de 2022 ya están publicados en el BOE y avanzados, aún quedan muchos pendientes de pruebas selectivas, entre otras cosas porque la mayoría de las oposiciones prevén más de un examen.
En septiembre, los días 16 y 17 está previsto que se examinen algunos de los cuerpos que más aspirantes acaparan de la Administración General del Estado: los administrativos del Estado y de gestión de la Administración Civil del Estado, además de los técnicos auxiliares informáticos y auxiliares administrativos. Concurren a 27.509 plazas en total (casi 11.500 de acceso libre y el resto, la mayoría, de promoción interna).
Exámenes masivos
Multitud de estudiantes están con los temarios a cuestas también en las comunidades autónomas, donde los fines de semana de junio se están examinando, entre otros, los docentes en más de una docena de regiones. Este sábado pasarán la prueba en Baleares los candidatos a cubrir 564 plazas de reposición y 265 de estabilización de maestros y profesores de secundaria, y el domingo lo harán los aspirantes a 1.602 plazas de estabilización para institutos de la Comunidad Valenciana. En Madrid harán su segunda prueba ambos días los aspirantes a 2.455 plazas de profesor de secundaria, informa Ana Rosa Lagares, directora pedagógica de la academia Magister.
Una cuantiosa oferta de empleo público que ha servido de revulsivo, de efecto llamada para los ciudadanos. Así, si en 2017 se presentaron casi 48.000 instancias para examinarse de administrativos del Estado, en esta ocasión lo han hecho cerca de 67.000 aspirantes. En el caso de la prueba para gestión de la administración civil del Estado, las solicitudes han pasado de 7.800 a 20.145. Para las oposiciones de docentes de Madrid se han presentado este año 37.700 instancias. Lo que ha contribuido al tirón de las academias especializadas, que sitúan el aumento de la demanda entre el 15% y el 20% en los dos últimos años; también a la explosión de los preparadores particulares y de las plataformas online que dan servicios a los estudiantes. Un jugoso negocio con cada vez mayor número de participantes.
Y en el que se da una situación paradójica: mientras que los candidatos a las oposiciones más sencillas, las del nivel C, se multiplican como la espuma, en muchos de los procesos selectivos del nivel superior (A) las plazas se quedan vacantes. “Después de los años de congelación de empleo público nos quedamos sin cuerpo de opositores y cuesta volver a crearlo porque se ha producido un cambio social y la gente joven no está dispuesta a emplear entre dos y cuatro años en estudiar unas oposiciones de este tipo”, explica De las Heras. “La Administración no atrae a sus cuerpos superiores a los jóvenes recién salidos de la carrera. Les espantan las pruebas memorísticas de 120 o 200 temas, y por eso cada vez hay menos demanda, es un verdadero problema”, sostiene Miguel Sánchez Morón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá (UAH), que considera que urge cambiar el modelo de selección de personal de la Administración para poder reclutar el tan necesario talento joven.
El resurgir de la oferta de empleo público, que ninguna fuente cuantifica en conjunto pues no solo se circunscribe a la Administración General del Estado, sino también a los entes locales, las comunidades autónomas (Cataluña lanzó en abril la mayor oferta de la última década, de 14.032 plazas, y Madrid aprobó en mayo la suya, de 10.328) e incluso a empresas públicas como Correos, que este año ha sacado 7.757 plazas a las que se inscribieron 55.000 personas, tiene como trasfondo el envejecimiento a marchas forzadas del funcionariado. Hace falta buscarle relevo con urgencia. De los 2.731.117 efectivos que prestaban servicio en España en julio de 2022, según el Ministerio de Hacienda, cerca del 45% tiene más de 50 años de edad, explica Gloria Oliveros, directora de Empleo Público de Adams Formación, y en la Administración General del Estado, más del 63%.
Jubilaciones
Oliveros calcula que en los próximos 15 años se jubilarán empleados públicos a ritmos de medio millón por lustro, una cantidad que hace imposible que se frenen las ofertas públicas de empleo récord, ya que la mitad de la plantilla de las administraciones se habrá retirado en ese periodo. “Si no se lanzan anualmente ofertas de empleo público extraordinarias la Administración colapsará, ya que las plantillas están especialmente mermadas después de muchos años de congelación de personal”, apoya Milagros Dorronzoro, secretaria nacional de Negociación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Años en los que se han cubierto las necesidades con empleados interinos, que ahora toca estabilizar también a través de las oposiciones, continúa la experta de Adams. El 31% de los asalariados del sector público son temporales, 17 puntos más que en el sector privado. Solo el 8,7% cuentan con menos de 30 años, frente al 17,3% del sector privado.
Por eso Hacienda señala que “desde la Administración se están llevando a cabo todas las actuaciones necesarias para proceder a la recuperación del empleo público perdido, abordar de forma decidida el rejuvenecimiento de las plantillas y atender con urgencia las demandas de las plantillas deficitarias”. Este año se ha aprobado una tasa de reposición del 120% para sectores prioritarios (justicia, salud, docentes, instituciones penitenciarias, tecnologías de la información…), del 125% para las fuerzas de seguridad del Estado y del 120% en los Ayuntamientos con deuda amortizada. Y como novedad, la tasa de temporalidad no puede superar el 8%, una medida bienintencionada, pues la temporalidad en la Administración es muy superior a la de la empresa privada, sobre todo en sanidad, en opinión de Milagros Dorronzoro, pero que costará que tenga efecto mientras las oposiciones no se agilicen. La sindicalista cree que deberían convocarse y resolverse en el mismo año para que se pudiesen cubrir los picos de trabajo y evitar así tener que contratar a interinos.
Porque ahí radica gran parte del problema del sistema selectivo español. Entre que se detecta una necesidad de personal, se lanza una plaza y se ocupa transcurren al menos entre tres y 4 años, indica Federico Castillo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, “por eso cubrimos las necesidades con trabajadores temporales y luego tenemos que hacer procesos de estabilización del empleo, como está ocurriendo actualmente”. “Es la anomalía española en Europa”, abunda Javier Cuenca, gestor público de la Generalitat Valenciana.
Cambiar el modelo
La transformación de las oposiciones, para agilizarlas y simplificarlas, colea desde hace décadas. Y aunque el Gobierno ha introducido recientemente cambios en las pruebas de selección (y las dirigidas al personal interino han recibido muchas críticas), según CSIF, se han quedado poco menos que en agua de borrajas. Concurren demasiados intereses que impiden que la reforma pueda llegar a buen puerto, según los catedráticos consultados, que destacan experiencias piloto de cambio en el sistema selectivo como la de Valencia. Allí, explica Cuenca, se ha simplificado el procedimiento burocrático, han propuesto profesionalizar los órganos de selección constituyendo uno permanente, han lanzado becas (como el Gobierno de Pedro Sánchez recientemente) y como tercera pata están probando con un método parecido al MIR de los médicos para los funcionarios de mayor rango (grupo A1). Tras el primer examen en el que se ha reducido el temario y, por tanto, la carga memorística, se hace un curso de formación selectivo de cuatro meses remunerado.
Los funcionarios no son los únicos que envejecen. Los opositores también. “Está cambiando el perfil del opositor, cada vez tiene mayor edad y se muestra más insatisfecho con la empresa privada”, aprecia el catedrático Sánchez Morón. La crisis económica ha puesto de relieve la fragilidad del trabajo en la empresa, donde los sueldos no mejoran, el empleo es volátil y el trabajo para toda la vida se ha vuelto una ilusión, explica Jonathan García, consejero delegado de Opositatest, “este es el entorno que ha llevado a la gente a cambiar su estilo de vida tras la pandemia, a aspirar a la Administración por seguridad y conciliación, lo que ha modificado mucho el perfil del aspirante a empleado público, elevando su edad a 41 años de media. En 2022 era de 39, pero en los últimos años el rango se movía entre 25 y 33 años”, añade, a la vista de la Radiografía del opositor y opositora 2023 elaborada por su empresa.
Y es que muchos mayores “ven como única salida a su situación precaria estudiar una oposición. Y aunque carezcan del hábito del estudio tienen a su favor frente a los jóvenes el esfuerzo y la constancia”, mantiene Cristina Cid, jefa de estudios de Academia Postal 3 de Vigo. De ahí que los opositores tengan mayor experiencia laboral, ocho de cada diez han trabajado más de cinco años, muchos son universitarios y la presencia de mujeres es mayoritaria, como es tradicional, aunque subiendo: por encima del 81%.
Opositatest también observa una profesionalización del candidato a funcionario. “Seis de cada 10 personas se presentan a dos o más oposiciones. No es porque tengan vocación, como pueda suceder con los jueces o los policías, lo que quieren es entrar en la Administración para conseguir un salario fijo y por eso se decantan por las pruebas más fáciles, de los niveles C1 y C2″, continúa García. Según Gloria Oliveros, este tipo de exámenes suelen tardar en prepararse entre nueve y doce meses, en el caso de Adams Formación con un coste medio de unos 130 euros al mes en clases presenciales grupales de cuatro horas semanales. En cambio, las oposiciones para los niveles A1 y A2 necesitan más tiempo de estudio y el coste, en el CEF, es de unos 220 euros mensuales para clases de 9 horas semanales.
Otra de las peculiaridades que se aprecian en los candidatos es que el 69% compatibiliza la preparación de las oposiciones con un trabajo, lo que supone un incremento del 30% con respecto a 2019. Entre quienes disponen de empleo, el 40% tiene ingresos por debajo del salario mínimo, un claro aliciente para optar por un puesto de funcionario que, en términos generales, se paga con sueldos de salida de entre 22.000 y 25.000 euros anuales cuando pertenecen al nivel C1, de entre 28.000 y 32.000 si están en el grupo A2 y entre 45.000 y 55.000 si entran en el A1.
Cristina Pastor. Madrid, 34 años: “Dejé mi casa y mi trabajo hacer una oposición”
Esta madrileña de 34 años que estudió Administración y Dirección de Empresas e hizo un curso de analista de SAP para colocarse rápido, hace casi dos años dejó su empleo y su casa para volver con sus padres y ponerse a estudiar unas oposiciones. “Es mi apuesta. Muy radical”. Llevaba 8 años trabajando en una consultora “y no me gustaba nada lo que hacía ni las circunstancias en que lo hacía; el tener que estar disponible 24 horas los 7 días, en un trabajo muy exigente con condiciones muy precarias”. Cristina se va a presentar en septiembre a dos oposiciones. “Como voy muy bien preparada para gestión civil del Estado, también me voy a presentar a las pruebas de administrativo. Me gusta mucho la tesorería, y tiene muchas salidas profesionales”, analiza. “Voy a por todas, aunque da mucho miedo porque compites con multitud de personas, este año se duplicará o triplicará la competencia” (hay 3.600 plazas y se han presentado 10.000 instancias). Estudia a ritmo de 8 o 10 horas diarias y dice que la experiencia es dura. Cristina quiere tener la oportunidad de crecer en un trabajo que le guste y cuyas condiciones laborales son mucho mejores que las que ha conocido hasta ahora.
Mónica Bernal. Sevilla, 52 años: “Busco un empleo bien pagado hasta que me jubile”
Mónica Bernal es un claro ejemplo del perfil de opositora que va ganando protagonismo en España en los últimos tiempos. Sevillana de 52 años, casada y con dos hijos, trabaja como interina en la Seguridad Social desde hace apenas seis meses y quiere convertirse en fija. La crisis de 2012 la expulsó de su puesto de administrativa y la llevó al paro por primera vez en su vida, recuerda. Después solo pudo encontrar trabajo en una aseguradora y en un call center, “en empleos que no eran lo mío”. “Con 49 años pensé que me quedaban 20 para jubilarme y no me veía en casa sin hacer nada. Hablé con mi marido sobre hacer una oposición. A mí me daba miedo después de tanto tiempo sin estudiar, pero ahora estoy muy animada”, asegura. Mónica se prepara para presentarse por segunda vez a los exámenes de administrativo del Estado, del grupo C1, en el que “hay más de 4.300 plazas y se han presentado más de 67.000 solicitudes”, dice. Comenzó a estudiar en 2020, de hecho, dejó su trabajo de teleoperadora para opositar. Aprobó, pero no consiguió plaza porque había pocas, unas 800, pero entró la número 12 en la bolsa de empleo de Sevilla y la llamaron para trabajar en la Seguridad Social. “Estoy encantada en el trabajo y espero sacar buena nota en septiembre porque quiero calidad de vida, un trabajo bien remunerado, que me permita estar por la tarde con mi familia”, aspira.
Carlos López Sanz. Madrid, 33 años: “Oposito por la incertidumbre en la empresa y la falta de conciliación”
El motivo que ha llevado a Carlos López Sanz a opositar al exigente cuerpo de inspectores de seguros (nivel A1) “es la situación de incertidumbre del sector privado, en el que hay que trabajar muchas horas por sueldos bajos y resulta complicado formar una familia y conseguir la estabilidad que ofrece la Administración y las posibilidades de conciliar con mis dos hijos”. Él llevaba cinco años trabajando en el sector asegurador hasta que lo dejó para prepararse para los exámenes. Ha aprobado el segundo de los cinco que prevé su oposición, para la que hay 21 plazas a las que se han presentado 50 personas este año, dice. Lleva algo más de dos años entre libros, pues la prueba “es dura. Le dedico jornadas completas de 8 o 10 horas durante seis días de la semana. Es muy interesante el contenido y para un amplio abanico de perfiles”. “Me presenté a la primera convocatoria cuando llevaba cinco meses estudiando para probar suerte; no aprobé, pero la experiencia fue buena”. Carlos se puede permitir no trabajar porque es su mujer quien lo hace y porque tenía ahorros: “A nivel económico hay que hacer un esfuerzo, debes tomarlo como una inversión que luego se amortiza”, señala.
Cristina Fernández. Tenerife, 25 años: “Quiero dejar de ser interina”
Es asturiana, pero su vocación la ha llevado a Santa Cruz de Tenerife. A sus 25 años, Cristina Fernández González tiene la suerte de trabajar en educación desde mayo. Entró en la lista extraordinaria de profesores interinos de Canarias tras la pandemia de covid, cuando los institutos rebajaron sus ratios de alumnos por aula y las necesidades de docentes se multiplicaron. En dos mil veintiuno se presentó por primera vez a las oposiciones en Canarias pues era necesario para permanecer en esas listas. Su nombre siguió en ellas aunque no estudió, algo que ahora está evitando. “En octubre empecé a estudiar con la ayuda de un preparador particular. No quería perder el ritmo una vez que me contrataron, pero es difícil compatibilizarlo con el trabajo”, explica. La educadora saca tres horas diarias de media para hicar los codos y los fines de semana el doble. Aún no sabe las fechas de los exámenes, pero “mi objetivo es sacarme la plaza y ejercer de profesora”. Cristina reconoce las oportunidades que ha abierto la pandemia para el cuerpo docente. Y quiere aprovecharlas a tope.
Julia Varela. Orense, veintisiete años: “Busco un puesto estable pensando en el largo plazo”
ulia Varela vive en Orense, tiene 27 años y trabaja como educadora social los fines de semana. Es tajante: “He decidido opositar porque ofrece un trabajo más estable y evita los quebraderos de cabeza de determinados sectores a largo plazo”. Desde que acabó la carrera no ha cambiado de empresa ni de empleo a tiempo parcial y siempre ha planeado convertirse en empleada pública “porque tiene muchos beneficios a largo plazo”. Piensa más en cuando tenga cargas, como hipoteca o hijos, que en el presente. Pero prefiere adelantarse. Está preparando desde febrero del año pasado la prueba de administrativo del Estado. “Empecé por tramitación procesal, pero como la oposición tenía un concurso de méritos y no he trabajado en la Administración, me desanimé y cambié. Ahora estoy estudiando, dedicándole muchísimas horas cada día, de 8,30 de la mañana a 8,30 de la tarde o a las 9 o las 10, cuando acabe. Voy a por todas. Y, si no la saco, continuaré estudiando. Esto es lo más importante en una oposición, si no es una pérdida de dinero y de tiempo”.
Marcos Villar. Ermua, 53 años: “Volveré a intentar pasar los exámenes en 2024″
Hace apenas un mes que se ha examinado. Ha optado a dos de las convocatorias más masivas de la Administración de Justicia: auxilio judicial y tramitación procesal, que comparten parte del temario y le parecían accesibles. Pero no le ha ido todo lo bien que necesitaría para obtener plaza ante tanta competencia. “Llevaba poco tiempo estudiando, solo desde octubre”, señala. “Ojalá pueda acceder a la bolsa de trabajo”. Marcos Villar, de 53 años, casado y con dos hijos, era un trabajador de taller del sector de troquelería al que los problemas de espalda le han llevado a una baja prolongada que redundó en un despido acordado hace más de un año. Ahora no le queda más remedio que cambiar de profesión y la función pública le ha parecido una buena salida por las condiciones laborales que ofrece. “Es un trabajo fijo y estable, con buen horario. Llega un momento de la vida en que se priman estas condiciones que el sueldo”, admite. Marcos ya se ha puesto a estudiar otra vez para la convocatoria del año que viene. Lo hace por su cuenta pues “no puedo permitirme pagar una academia”.
