La iniciativa, que se discutirá en la Comisión de Agricultura, busca modificar la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, la cual fue impulsada en 2022 por la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Según Junts, esta legislación introdujo «restricciones significativas» a la quema de restos vegetales, una medida que, aunque busca proteger el medio ambiente, ha tenido repercusiones negativas para el sector agrario y forestal, especialmente en áreas rurales.
Ahora, la normativa establece que no se permite, en términos generales, la quema de residuos vegetales generados en el ámbito agrario o silvícola. Salvo algunas excepciones para pequeñas y microexplotaciones, quienes necesitan una autorización del órgano competente de sus comunidades autónomas para llevar a cabo estas prácticas, ya sea por motivos fitosanitarios o para prevenir incendios.
Desde Junts argumentan que esta regulación se traduce en una “prohibición generalizada” que ha disparado los costes de gestión, poniendo en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones. Además, critican que, irónicamente, la acumulación de biomasa derivada de estos residuos puede aumentar el riesgo de incendios forestales.
La formación independentista sostiene que la quema controlada de restos vegetales, siempre que se realice bajo condiciones climáticas adecuadas y con supervisión, no solo disminuye el riesgo de incendios, sino que también mejora la fertilidad del suelo y ayuda al control de plagas y enfermedades, asegurando la sostenibilidad económica de las explotaciones.
En este sentido, Junts insistirá en la necesidad de reformar la ley de 2022 mediante una proposición no de ley, que busca establecer un marco normativo “proporcionado y realista” que permita la quema responsable de estos restos vegetales de manera segura.
