El Gobierno Progresista y la Lucha Contra la Desigualdad
En el corazón del Gobierno progresista, la lucha contra la desigualdad se erige como una prioridad fundamental. A través de cinco ministerios, se trabaja diariamente en la defensa de los derechos laborales, la universalidad de los servicios públicos y la justicia social. Un tema de particular relevancia es la vivienda, considerada una de las principales fuentes de desigualdad en España. Abordar esta problemática se presenta como el gran desafío de la legislatura.
La Transformación de la Vivienda: Un Problema Urgente
En los últimos años, la vivienda ha dejado de ser un hogar para convertirse en un activo financiero, erosionando su función esencial y desafiando los principios establecidos en la Constitución, especialmente el artículo 47. Desde la llegada de la democracia, los grandes partidos han fallado en abordar la crisis de la vivienda de manera efectiva, resultando en burbujas inmobiliarias, la venta de viviendas públicas y una falta alarmante de control sobre precios en alquileres y en el sector turístico.
A pesar de que esta situación no es exclusiva de España, no podemos permitir que esa realidad sirva de excusa para la inacción. La alianza entre los gobiernos autonómicos del Partido Popular y la especulación en el mercado inmobiliario solo ha agudizado el problema. Aunque se han implementado leyes de vivienda, los resultados no son los esperados y los precios continúan su ascenso.
Medidas Inmediatas para Proteger a las Familias
Frente a esta crisis, el pasado octubre se propusieron medidas mínimas para frenar la especulación que amenaza a cientos de miles de familias. A continuación, enumeramos dos iniciativas clave que se requieren con urgencia:
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Prorrogar los Contratos de Alquiler: Se sugiere extender los contratos de alquiler firmados durante la pandemia que están próximos a vencer. Según el Ministerio de Consumo y Agenda 2030, se prevé que, para el 2026, 600,000 contratos estarán en riesgo de no renovarse, afectando potencialmente a 2.7 millones de personas en 2027. Esta medida no solo es constitucional, sino que puede ofrecer un alivio significativo a miles de familias.
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Prohibir la Compra Especulativa de Viviendas: Es crucial acabar con la práctica de adquisición de viviendas por parte de grandes fondos de inversión con fines especulativos. Esta situación transforma el mercado inmobiliario en una herramienta para la especulación, en lugar de proporcionar hogares a quienes los necesitan. De continuar esta tendencia, el país podría perder su esencia, convirtiéndose en un reservorio de capitales externos.
Complementariamente, es vital revisar la fiscalidad de los grandes tenedores de propiedades y aumentar la inversión en vivienda pública de alquiler permanente hasta alcanzar el 1% del PIB anual, equiparándonos a la media europea.
Un Llamado a la Acción
Cuando millones de ciudadanos se ven amenazados en su estabilidad habitacional y los intereses de los propietarios prevalecen, se quiebran los pactos sociales, propiciando así un entorno donde la frustración puede ser canalizada por fuerzas extremistas. La historia ha demostrado que la falta de acción puede tener consecuencias devastadoras para la sociedad.
El Gobierno progresista tiene un propósito claro: combatir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Este compromiso nos impulsará a seguir trabajando hasta lograr los cambios necesarios que hagan de nuestro país un lugar más justo y equitativo.
Acerca de los Autores: Yolanda Díaz (Vicepresidenta y Ministra de Trabajo), Ernest Urtasun (Ministro de Cultura), Mónica García (Ministra de Sanidad), Pablo Bustinduy (Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030) y Sira Rego (Ministra de Juventud e Infancia) son los cinco miembros de Sumar en el Gobierno de coalición de España.
