El PP impulsa iniciativas en el Congreso para restablecer indemnizaciones por retrasos del AVE

El PP impulsa iniciativas en el Congreso para restablecer indemnizaciones por retrasos del AVE

El Partido Popular (PP) presentará este martes en el Pleno del Congreso una proposición no de ley con el objetivo de que Renfe reestablezca las indemnizaciones por retrasos que eliminó el 1 de julio de 2024. Hasta esa fecha, los pasajeros disfrutaban de compensaciones por demoras de 15 y 30 minutos en los trenes AVE, pero ahora la compensación solo se aplica a retrasos de 60 minutos o más.

Este intento no es nuevo, ya que el PP promovió un planteamiento similar en octubre de 2024, logrando apoyo de partidos como Vox, UPN, Podemos, ERC y BNG. Sin embargo, el Ministerio no ha implementado nada de lo propuesto. Ahora, el PP busca revitalizar esta iniciativa, esta vez concentrándose exclusivamente en recuperar las indemnizaciones por retrasos.

A partir de julio de 2024, Renfe reformuló sus términos de puntualidad y devoluciones. Según su nueva política, los usuarios reciben un 50% de reembolso si el retraso es de 60 minutos, y un 100% si esta demora supera los 90 minutos.

Críticas al Gobierno por Su Políticas de Ahorro

Desde la perspectiva del PP, esta decisión de Óscar Puente fue motivada por la búsqueda de ahorro económico. Los ‘populares’ critican que el Gobierno se enfoca en «hacer caja» a expensas de los ciudadanos, en lugar de implementar estrategias efectivas para reducir los retrasos y mejorar la calidad del servicio de trenes.

Además, destacan la «progresiva degradación» de Renfe, que ha visto descender su puntualidad del 84% en 2022 al 63% en el verano de 2025. «Los datos no mienten: hay más incidentes, más retrasos y un creciente caos ferroviario», afirma el PP en la proposición no de ley que se debatirá en el Pleno.

Por todo esto, el grupo parlamentario sostiene que restablecer el nivel de compromiso con la puntualidad anterior a julio de 2024 no es solo una cuestión financiera, sino una demanda democrática para reintegrar un derecho que se ha perdido. Además, buscan presionar al Gobierno para que enfrente su «incapacidad de gestión» en lugar de esconderla tras recortes arbitrarios.