El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a sus ministros a activar de forma urgente todas las medidas sociales dentro de sus competencias que no requieran consenso del Parlamento. Su objetivo es mantener la dinámica legislativa del Ejecutivo frente a las dificultades actuales para obtener apoyos para nuevas leyes en el Congreso.
Aproximadamente un año después de los fracasos legislativos más sonados, entre los que se encuentran la no aprobación del decreto ómnibus y la reciente incapacidad de tramitar la ley para reducir la jornada laboral, el Gobierno se enfrenta a un nuevo reto: buscar alternativas normativas que le permitan avanzar sin necesidad de la aprobación parlamentaria.
Medidas Sin Necesidad de Aprobación Parlamentaria
Existen varias iniciativas en distintas fases de tramitación que podrían implementarse sin el aval del Congreso. Entre ellas destacan:
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Registro horario en empresas: La propuesta busca establecer un registro digital y verificable que detalle las horas de entrada y salida de los trabajadores, incluyendo pausas y horas extraordinarias. La normativa está pendiente de los informes necesarios y podría ser aprobada muy pronto.
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Jubilación flexible: Se está trabajando en una reforma que contemple la posibilidad de que los jubilados puedan volver a trabajar de manera parcial, manteniendo una parte de su pensión. Este proyecto también se enmarca dentro de las competencias del Gobierno.
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Salario Mínimo Interprofesional (SMI): Se prevé un aumento del SMI del 3.1% para 2026, afectando de manera retroactiva desde enero. Además, se están negociando cambios para evitar que incrementos futuros sean compensados por otros pluses salariales.
Prevención de Riesgos Laborales
El Ministerio de Trabajo, bajo la dirección de Yolanda Díaz, también tiene en su agenda la negociación de reformas en la ley de prevención de riesgos laborales, que ha enfrentado el rechazo de la patronal. Ante la inminente falta de apoyos en el Parlamento, el equipo de Trabajo podría optar nuevamente por un enfoque unilateral, como ya lo ha hecho con otras medidas.
Adaptándose a las Normativas Europeas
Una de las grandes asignaturas pendientes es la transposición de la directiva europea sobre condiciones laborales, que debió entrar en vigor antes del 1 de enero de 2022. La tardanza ha llevado a que se abriera un procedimiento de infracción en Europa. Sin embargo, el Gobierno podría implementar algunas de las disposiciones esenciales por decreto, lo que permitiría cumplir con las exigencias comunitarias.
Cambios en la Seguridad Social
En el ámbito de la Seguridad Social, la nueva regulación de la jubilación flexible está en proceso de diseño. La the reforma busca mejorar la pensión de quienes se reintegran al trabajo tras una jubilación anticipada y flexibilizar los porcentajes de jornada que deben cumplir.
A su vez, se plantea una reestructuración del sistema de evaluación para bajas laborales, que incluirá la creación de una Unidad Central de Evaluación de Incapacidades para optimizar la gestión de estas situaciones en el ámbito laboral.
Con estas iniciativas, el Gobierno busca adaptarse a un entorno cada vez más desafiante y continuar avanzando en el desarrollo de políticas sociales sin los obstáculos que la legislatura actual impone en el Congreso. Las medidas, aún en discusión y diseño, apuntan a un futuro donde la estructura laboral y social pueda evolucionar de manera autónoma y efectiva.
