El Gobierno busca evitar nuevamente un choque entre los Ministerios de Trabajo y Hacienda respecto a la tributación de los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) en el IRPF. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, puso fin a la controversia al afirmar que “se ha comprometido con los interlocutores sociales” a que quienes reciban el salario mínimo no pagarán impuestos. Esta declaración reafirma el enfoque de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
### El futuro del SMI y las deducciones fiscales
Aún queda por definir cómo se aplicará oficialmente la figura fiscal que mantendrá exenta de impuestos a los beneficiarios del SMI. Según fuentes de Hacienda, se plantea repetir la estrategia de la deducción utilizada en la última campaña de la renta. La propuesta de incremento es la más baja sugerida por los expertos, con el propósito de evitar la tributación del SMI.
La idea es «actualizar» esta deducción para garantizar que ningún beneficiario con circunstancias personales que excedan el mínimo exento tenga que pagar impuestos. En el proceso, se han aplicado las retenciones habituales según el salario y la situación personal y familiar de los contribuyentes. Al realizar la declaración de la renta, algunos usuarios recibieron devoluciones de hasta 340 euros anuales. La meta de Hacienda es aumentar esta deducción a unos 600 euros, lo que permitiría mantener la exención fiscal para todos los beneficiarios del SMI.
### Necesidad de una nueva ley
Cabe destacar que la actualización de esta medida requiere la aprobación de una ley, ya que no basta con un real decreto, planificado para implementar el aumento del salario mínimo. En medio de esta discusión, la patronal solicita que la futura legislación incluya una flexibilización de las normas de desindexación relacionadas con los contratos públicos. Sin embargo, se enfrenta a un desafío significativo: alcanzar un consenso entre los ministerios de Trabajo, Hacienda y Economía.
Desde 2018, el Ministerio de Trabajo ha abogado por permitir al menos parte de esa desindexación. No obstante, los otros ministerios económicos se han mantenido firmes en el cumplimiento de la Ley de Desindexación, aprobada hace diez años, que busca desvincular precios, salarios y pensiones del IPC, con el fin de evitar efectos inflacionistas duraderos.
### La discordia en el Gobierno
La propia Yolanda Díaz ha admitido, en una reciente entrevista, que existe una discrepancia con el Partido Socialista sobre la solicitud de los empresarios, respaldada por Trabajo y sindicatos, para relajar estas restricciones en los contratos con las administraciones. Esta falta de acuerdo podría obstaculizar el respaldo empresarial a la propuesta de incremento del SMI del 3,1% para 2026, un aspecto crucial para la aceptación de esta medida.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se mostró optimista tras una reunión con interlocutores sociales, afirmando que explorará oportunidades con los ministerios implicados. Sin embargo, la falta de consenso actual sugiere que la flexibilización de las reglas de desindexación es poco probable en el corto plazo.
La evolución de estas decisiones afectará directamente a la sostenibilidad del SMI y a cómo las empresas se adaptarán a las nuevas realidades económicas.
