Los abertzales consideran que esta norma es vital para controlar el “fenómeno incontrolado” de los alojamientos turísticos, que, según su análisis, han generado gentrificación en barrios y ciudades, desplazando a los residentes locales y fomentando el turismo masivo.
EH Bildu subraya que los ayuntamientos y comunidades autónomas enfrentan limitaciones significativas para regular estos espacios, ya sea por falta de recursos o por una permisividad evidente en algunos casos. Como resultado, muchos propietarios continúan operando sin licencia, alimentando un mercado ilegal de alojamientos turísticos que ha crecido sin supervisión.
Para abordar esta situación, la formación ha presentado una propuesta que no solo establece un régimen de sanciones, sino que también atribuye responsabilidad legal a las empresas y plataformas que permiten la difusión de estos alojamientos ilegales.
MULTAS QUE PUEDEN ALCANZAR UN MILLÓN DE EUROS
Las penalizaciones pueden llegar hasta el millón de euros si se detecta la contratación de una vivienda de uso turístico sin la debida licencia o autorización de habitabilidad y salubridad. Igualmente, las empresas incurrieron en sanciones si permiten la contratación de alojamientos sin verificar los datos personales del anfitrión.
“Es fundamental frenar la proliferación de pisos turísticos ilegales en plataformas digitales”, ha afirmado Matute en declaración a Parlamento, de RNE, recogida por Europa Press. El diputado considera imprescindible regular este mercado para que quienes obtienen beneficios lo hagan legalmente, cumpliendo con los pagos por licencias y asegurando una calidad de servicio adecuada.
ANTICIPARSE AL PROBLEMA
Matute ha instado al Gobierno a anticiparse y establecer por ley la prohibición de publicidad de alojamientos ilegales en plataformas. “Creemos que el Gobierno debería ser proactivo en vez de estar siempre reaccionando ante los problemas”, ha señalado.
Respecto a las negociaciones con otros grupos parlamentarios para buscar apoyo a esta ley, Matute se muestra optimista, destacando la disposición de varios partidos hacia una iniciativa que, a su juicio, no está marcada por diferencias ideológicas. Sin embargo, reconoció que las dinámicas en el Pleno a veces están más influenciadas por intereses ajenos al contenido de los debates. Fuentes del PSOE han indicado que aún no tienen definida su posición sobre el asunto.
El martes solo se votará la admisión a trámite de la propuesta legislativa en el Congreso. Si esta avanza, se abrirá un periodo para que los grupos presenten enmiendas, un proceso que podría extenderse varias semanas, dada la composición mayoritaria del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso.
ALQUILERES DE TEMPORADA EN ESPERA
La última vez que el Pleno discutió una propuesta de ley de un socio sobre vivienda fue en relación a la regulación de alquileres de temporada, respaldada por ERC, BNG, Bildu, Podemos y Sumar. Aunque la Cámara Baja la admitió a trámite en diciembre, el período para presentar enmiendas concluyó en mayo, y el texto permanece detenido en la Comisión de Vivienda, hecho que ha generado frustración entre varios socios de investidura, especialmente Sumar, que ha solicitado al PSOE una aceleración en su tramitación.
Matute ha expresado su desconcierto ante la falta de avances en la regulación de alquileres de temporada, que se están utilizando como “una salida” a las restricciones de la Ley de Vivienda aprobada en 2023. Defiende la necesidad de que estos alquileres se sometan a posibles topes de precios, permitiendo que los arrendatarios continúen obteniendo ganancias dentro de “límites razonables”.
ERC PROPONE MEDIDAS AMPLIAS EN VIVIENDA
En este contexto, Esquerra Republicana presentará en la sesión plenaria del martes una serie de medidas para abordar la crisis de vivienda, que incluye un nuevo impuesto para quienes posean tres o más propiedades. ERC también solicita al Gobierno que desarrolle una agenda legislativa que penalice la compra especulativa y regule eficazmente los alquileres de temporada, asegurando además que las administraciones cuenten con los recursos necesarios para alcanzar la media europea de vivienda protegida en tres años.
Entre sus propuestas, plantean aplicar un IVA del 21% a los alojamientos turísticos y la reforma del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para que los municipios puedan establecer recargos específicos a grandes propietarios y viviendas de uso turístico. También buscan eliminar ciertas “exenciones fiscales” para las Socimis, extender los límites de alquiler en todas las áreas de mercado tenso en España y garantizar que se transfieran suficientes recursos tanto a comunidades autónomas como a ayuntamientos, con el objetivo de llegar al 5% de parque protegido en 2026 y al 9% en 2027.
