Uber Eats enfrenta un creciente desafío con la Inspección de Trabajo en España debido a su controvertido modelo de contratación de repartidores autónomos. La plataforma de entrega a domicilio, que opera bajo su filial Portier Eats, ha tenido que tomar medidas drásticas para asegurar su futuro financiero y cumplir con las exigencias laborales.
### Elevación de Avales para Cumplir Normativas
Portier Eats cerró su ejercicio fiscal 2024 con la constitución de avales bancarios que superan los 130,4 millones de euros, casi el doble de lo declarado en el año anterior. Este incremento, exigido por la Inspección de Trabajo, se utiliza para cubrir posibles multas, cuotas sociales no pagadas y demás contingencias laborales. La exigencia de estos avales se produce cuando el organismo detecta irregularidades y puede no requerir el pago inmediato hasta que se resuelvan los procesos en instancia judicial.
Con el fin de formalizar estos avales, Uber Eats ha recurrido a Deutsche Bank, respaldándose financieramente en su matriz estadounidense. La empresa confirmó en octubre de este año su compromiso de proporcionar los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.
### Proceso de Inspección y Costes Asociados
Según un informe de auditoría realizado por PWC, hasta finales de 2024, se habían realizado 51 inspecciones, con otros nueve procesos aún en curso, lo que eleva la cifra total a 60. Las cantidades avaladas cubren el 76% de las contingencias laborales contabilizadas por Uber Eats, que alcanzan los 172 millones de euros. Este monto representa un incremento del 18% con respecto al año anterior, reflejando la presión regulatoria sobre la compañía.
A pesar de un incremento en sus ventas hasta alcanzar los 136,1 millones de euros, Uber Eats finalizó el año con una pérdida neta de 28,2 millones de euros. Esta cifra es notablemente mayor que la del ejercicio anterior, multiplicándose por ocho. Este resultado ha elevado su patrimonio neto negativo a 142,2 millones.
### Desafíos Futuras y Presión Reguladora
Inspección de Trabajo ha intensificado su vigilancia sobre Uber Eats, especialmente tras la regularización de repartidores de su competencia, Glovo. Ahora, la compañía se convierte en el único gran operador de entregas a domicilio que aún depende de un modelo de autónomos. La situación se vuelve crítica ya que, si no se realiza la contratación de repartidores, la Inspección podría activar acciones penales.
Hasta el momento, Portier Eats mantiene un equipo de 119 empleados, distribuidos entre directivos y personal de ventas, con costes salariales que rondan los 9,6 millones de euros. Sin embargo, el gasto en repartidores supera los 23 millones, derrochando más del doble de lo destinado a salarios.
Como empresa, Portier Eats se enfrenta a desafíos significativos que ponen en juego su sostenibilidad a largo plazo. Su futuro dependerá del cumplimiento regulatorio y la gestión eficiente de sus recursos.
