La crisis de la vivienda en España se ha vuelto una cuestión central en 2025, según el CIS. El desmesurado aumento en los precios de las propiedades, superando con creces el crecimiento salarial, sumado a una oferta escasa, ha complicado enormemente el acceso a la vivienda. Esta problemática, además, ha intensificado la confrontación entre compradores, vendedores, inquilinos, propietarios y, por supuesto, vecinos.
Alquiler: Un terreno de conflictos
Este año, el alquiler se ha convertido en un tema de gran relevancia para los despachos de abogados, especialmente en lo que refiere a la gestión de las fianzas. Según Manuel Vilches de Vilches Abogados, han recibido un sinfín de consultas tanto de inquilinos como de caseros. “Muchos propietarios desconocen cuáles son los gastos que se pueden imputar a la fianza. Piensan erróneamente que pueden descontar la limpieza o la pintura del inmueble al finalizar el contrato. Legalmente, solo se puede deducir el coste de los daños causados por un uso indebido o vandalismo”, aclara Vilches.
Los abogados de KLJ han notado un fenómeno creciente: “Los arrendatarios extranjeros que buscan anular su contrato al tener que abandonar España por trabajo o estudios. Algunos propietarios intentan retener la fianza bajo la creencia equivocada de que no se presentarán reclamaciones”. Sin embargo, la reciente introducción de mecanismos extrajudiciales obligatorios ha facilitado acuerdos entre muchas partes, evitando así la judicialización de las disputas.
Desahucios y obstáculos tras el alquiler
Los desahucios por la finalización de contratos de alquiler —en lugar de por impago— están aumentando. “Los precios actuales son tan elevados que muchos inquilinos prefieren quedarse en sus viviendas a pesar de que sus contratos han vencido», explica Eduardo Fernández-Fígares de Abogados para Todos. Estos inquilinos deben asumir los costos legales, que rondan los 2.000 euros, en lugar de marcharse y buscar un nuevo hogar.
El problema se complica aún más cuando una propiedad entra en la dinámica de herencia. Si hay un contrato vigente, se debe interponer una demanda de desahucio, pero si no, se requerirá negociar indemnizaciones.
La evolución del poder judicial
Fernández-Fígares resalta un cambio significativo en el enfoque de los jueces respecto a los desahucios. “La gestión de la vulnerabilidad ahora es más estricta, y pocas situaciones se suspenden; apenas un 25% o 30% de los casos”, detalla.
En el último trimestre de 2025, las consultas sobre quién debe asumir la tasa de basura han aumentado. Aunque legalmente esta responsabilidad recae en el propietario, la normativa permite repercutir el costo, siempre que se estipule en el contrato, según KLJ Abogados.
Conflictos en la compraventa
La tensión también se ha intensificado en el ámbito de la compraventa de viviendas. Los contratos de arras, que los compradores y vendedores firman para reservar una propiedad, han generado numerosas disputas. «Hemos recibido un aluvión de casos en los que el vendedor se echa atrás en el último momento», señala Vilches. En un caso reciente, interpusieron una demanda por el doble de las arras penitenciales, ya que el vendedor encontró un mejor precio.
Vicios ocultos y problemas de construcción
Un fenómeno preocupante ha comenzado a emerger: la aparición de vicios ocultos tras la compra de viviendas de segunda mano. “Cada vez más clientes se topan con defectos que no eran evidentes al momento de la compraventa”, alerta Vilches, mencionando problemas como humedades ocultas. «No solo pedimos una reducción de precio, sino la anulación de la venta cuando la salud de las personas está en juego», agrega.
Los promotores también enfrentan quejas por la entrega de propiedades con defectos constructivos. Luis Miguel Fernández, de Aestimatio Abogados, indica que ha aumentado notablemente el número de propietarios que reclaman por el estado de sus viviendas y áreas comunes.
Finalmente, las comunidades de vecinos continúan siendo fuente interminable de conflictos. Problemas como el ruido han escalado, especialmente en un ambiente donde las interacciones entre vecinos son cada vez más limitadas. Carmela Lavandeira, administradora de fincas en A Coruña, menciona que este año se intensificaron las quejas relacionadas con la recarga de vehículos eléctricos y las controversias sobre las subvenciones de los fondos europeos Next Generation.
Con este panorama convulso y variado, parece evidente que el conflicto por el acceso y mantenimiento de la vivienda en España no ha hecho más que comenzar.
