Las personas desempleadas que actualmente reciben prestaciones no tendrán que presentar la declaración de la renta el próximo año, una medida que originalmente se aprobó para entrar en vigor en 2024 pero que ha sido descartada a través de un decreto ley emitido por el Consejo de Ministros.
Esta decisión, publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado, busca reducir la carga administrativa que enfrentarían los beneficiarios de las prestaciones por desempleo. Según el Gobierno, la idea inicial de introducir esta obligación era proporcionar «una fuente adicional de información», pero ahora se considera que no es adecuada.
Una carga innecesaria
La anteriormente mencionada Ley General de la Seguridad Social establecía que los trabajadores y beneficiarios de prestaciones debían presentar anualmente su declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sin embargo, el nuevo decreto ley elimina esta exigencia que, aunque estaba prevista, nunca se había aplicado.
El Gobierno argumenta que esta obligación imponía una carga significativa no solo a los solicitantes de prestaciones, sino también a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que tendría que gestionar un volumen considerable de declaraciones adicionales. De hecho, más de 2.500.000 nuevos contribuyentes habrían estado obligados a declarar en 2024, y alrededor del 75% de ellos percibía rentas por desempleo inferiores a 5.400 euros.
Justificación de la modificación
Además de reducir el trabajo administrativo, el Gobierno resalta que la nueva norma excedía la intención inicial de proporcionar información a la entidad que gestiona las prestaciones. La inclusión de este requisito se basaba en una regulación similar al ingreso mínimo vital, pero tras su puesta en marcha, se hizo evidente que no era adecuada.
La reforma había añadido una declaración responsable y mejorado la interoperabilidad con la AEAT, lo que permitía prescindir de la obligación de presentar la declaración. Esta decisión busca evitar complicaciones innecesarias y aliviar la carga de los casi dos millones y medio de desempleados que acceden a las prestaciones.
En resumen, la supresión de esta obligación llega como una respuesta a la necesidad de simplificar los procesos y proteger a un gran número de beneficiarios de prestaciones por desempleo, facilitando así su situación financiera en momentos difíciles. La medida es una clara muestra de compromiso por parte del Gobierno en la búsqueda de un sistema más accesible y menos complejo.
