El 5 de diciembre, Vicente Fernández Guerrero, originario de Málaga (1973), celebró un triunfo inesperado. La Audiencia Provincial de Sevilla le notificó su absolución en el controvertido caso Aznalcóllar, tras seis años de incertidumbre. Había sido imputado en octubre de 2019, lo que marcó el inicio del ocaso de su brillante carrera como alto funcionario. Su ascenso alcanzó un hito en junio de 2018, cuando fue nombrado presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), una de las instituciones más poderosas del país, por detrás solo de algunas corporaciones del Ibex 35 y del propio Palacio de la Moncloa.
Sin embargo, la alegría de Fernández fue efímera. Solo cinco días después de su absolución, el 10 de diciembre, su nombre resonó en los titulares. La Guardia Civil lo detuvo, y su teléfono quedó mudo. La investigación, liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) y la Audiencia Nacional, lo involucra en el llamado Caso Leire, donde se le acusa de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal, en relación a la gestión de contratos públicos por más de 130 millones de euros entre 2021 y 2023. Las pesquisas intentan determinar si Fernández estuvo implicado, directa o indirectamente, en un sistema corrupto de cobro por influir en contratos gubernamentales.
La sorpresa fue palpable entre quienes compartieron su carrera. Muchos lo consideraban un brillante abogado, destacado por ser el número uno de su promoción y conocido por su carisma refinado. Sin embargo, lo que más intrigaba a quienes lo conocían era su conexión con Leire Díez, algo que parecía difícil de conciliar, dado su perfil tan distinto.
Aunque había caído en desgracia, varios allegados aseguraron que su crítica hacia el actual PSOE iba en aumento tras dejar la SEPI. A pesar de su franco carácter, un atributo que facilitó su ascenso, Fernández enfrentó problemas desde que su imputación lo sacó del poder. Con una carrera fulgurante, había desempeñado roles cruciales como interventor general de la Junta de Andalucía, un puesto que enfrentó a grandes escándalos de corrupción como el caso de los ERE.
María Jesús Montero, actual vicepresidenta del Gobierno, confió en él durante su mandato. Sin embargo, la caída del PSOE en Andalucía llevó a muchos a perder sus cargos, aunque algunos, como Fernández, encontraron asilo en el Gobierno nacional. Desde su llegada a Madrid, cambió radicalmente el rumbo de la SEPI, haciendo modificaciones rápidas en las cúpulas de empresas emblemáticas como Correos, RTVE y Navantia.
A medida que la historia se complicaba, su nombre continuaba asociado a la influencia en la SEPI, incluso después de su imputación. La entidad impulsó rescates de compañías amenazadas por la quiebra, donde algunos altos funcionarios lo mencionaban como un contacto clave para gestionar esos procesos. Durante esos años, Fernández también trabajó asesorando a pequeñas empresas.
Dentro de la SEPI, la nombrada Leire Díez se destacó como jefa de comunicación. Tras su salida, Fernández se acercó a Santos Cerdán, un importante miembro del PSOE, hoy vinculado a una trama de corrupción en Navarra.
Ante su detención, surgieron dudas sobre su enriquecimiento. En el Senado, el PP lo interrogó al no entender cómo alguien con su perfil había acumulado tanto patrimonio. La Guardia Civil reveló que posee una lujosa vivienda en Madrid, varias propiedades en Sevilla y Marbella, y un bar en la ciudad hispalense, valorando todo esto en más de cuatro millones de euros.
La pregunta persiste entre quienes lo conocieron: ¿fue la ambición financiera la que lo llevó a cruzar la línea tras años de éxitos? Mientras se resuelve su futuro, queda claro que su vida ha cambiado radicalmente y que, a veces, la caída de las élites revela las debilidades humanas más sombrías.
