En un rincón de Madrid, la vida de Vanesa, Raquel e Isabel se ha visto entrelazada por una situación que refleja la dura realidad habitacional en el país. Aproximadamente 60 familias que habitan en bloques de vivienda social en los distritos de Vallecas y Vicálvaro, así como en el municipio de Pinto, enfrentan una creciente presión. Esta se manifiesta en la negativa de sus caseros a renovar contratos de alquiler o en las condiciones tan complejas que imponen, dejando a los inquilinos la sensación de un “desahucio silencioso”. Ahora, este grupo de residentes se unirá para presentar una denuncia contra la Fundación La Caixa, que ha vendido las propiedades a un fondo de inversión, ignorando su derecho a la adquisición preferente.
La voz de la protesta
Arropados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas y el Sindicato de Vivienda de Moratalaz, los vecinos se manifestaron frente a las oficinas de Caixabank en la plaza de Colón. “Entramos a vivir hace seis años con un contrato de alquiler social. ¿Cómo es posible que ahora nos ofrezcan comprar el piso por 350.000 euros?”, se cuestiona Vanesa García, una madre que ve cómo su contrato expire en mayo de 2026, justo después de que se conociera la venta de su hogar.
Los afectados no se quedarán de brazos cruzados; interpondrán tres demandas, una por cada bloque en riesgo, para reclamar la violación de su derecho a la compra preferente y para cuestionar la legalidad de hasta 14 cláusulas abusivas en sus contratos de alquiler. Diego Redondo, abogado de las familias, señala: “Esto evidencia una estafa en la colaboración público-privada y la supuesta solución de alquiler asequible que nos promocionan”.
Un pasado complicado
Los bloques donde se encuentran estas familias fueron construidos gracias a terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Madrid, bajo el programa que alguna vez fue la Obra Social de La Caixa. Sin embargo, tras beneficiarse de ayudas públicas y medidas fiscales, CaixaBank ha optado por aumentar sus beneficios mediante la especulación inmobiliaria.
Una madre soltera, con una niña pequeña y sin empleo, describe su angustiosa situación: “Voy a dejar mi piso el 14 de mayo. Estoy buscando ayuda en los servicios sociales; no soy solo pobre, ahora soy vulnerable”. Esto refleja el desamparo que muchos enfrentan a medida que la situación se torna insostenible.
La Fundación había afirmado en ocasiones anteriores que actúa de manera coordinada con la Administración en situaciones de vulnerabilidad, pero los inquilinos sostienen que no ha existido apoyo efectivo. Desde su fusión con Bankia en 2021, los inquilinos han notado un aumento en los alquileres y la proliferación de desahucios silenciosos, culminando con la venta masiva de promociones en Madrid.
La imagen de la contradicción
Los manifestantes critican la imagen de compromiso social que intenta proyectar la Fundación, mientras Caixabank se posiciona como uno de los principales propietarios de vivienda en España. Con más de 5.700 millones de euros en beneficios en 2024, una parte significativa proviene de activos inmobiliarios adquiridos tras la crisis de 2008 y que ahora son objeto de venta a fondos de inversión. Algunos de estos inmuebles, que anteriormente albergaban familias en condiciones sociales favorables, están ahora destinados a alquileres de temporada con precios que superan los 1.000 euros.
Durante la manifestación, se hizo un llamado al Estado, que posee el 18% de Caixabank, para que intervenga y detenga esta operativa. Se sugirió que el gobierno podría asumir la responsabilidad de adquirir estas viviendas a través del SEPES, con el fin de incorporarlas al parque público.
Reyes Maroto, portavoz del Grupo Municipal Socialista en Madrid, se unió a la protesta, aunque no recibió la bienvenida esperada. Los vecinos le exigieron respuestas sobre las acciones que su partido podría tomar al respecto, dejando claro su descontento con la aparente hipocresía.
La incertidumbre del hogar
Con contratos que están a punto de expirar o que ya lo han hecho, muchas familias, como la de Isabel Hernán, que ha vivido en Vallecas durante 18 años, se enfrentan a un futuro incierto. Isabel, cuya vivienda es su refugio y su trabajo también está por terminar, confiesa: “Este final de año se siente triste. No puedo encontrar un nuevo hogar en ningún lado”. Su hermana, escuchando la angustia de su voz, añade: “Es muy triste que tu vida dependa de otros”.
La realidad de estas familias es un recordatorio del desafío que representan los mercados de alquiler en España, la lucha por un hogar seguro y accesible se hace más urgente en un contexto donde la especulación y el descontento social se entrelazan.
