El Congreso de los Diputados ha dado un paso significativo al admitir a trámite una propuesta de ley impulsada por el Parlamento de Cantabria, que busca redefinir la clasificación de los funcionarios de más alto rango. Esta iniciativa propone la eliminación de las subdivisiones A1 y A2 dentro del grupo A (destinado a graduados universitarios). Aunque su llegada a la Cámara baja fue sorpresiva —tanto el Ministerio de Función Pública como los sindicatos no tienen en su agenda prioritaria esta reclasificación—, se ha abierto un debate importante sobre la organización del personal funcionario en España.
Un panorama mixto en las negociaciones
En el ámbito de las negociaciones, el Gobierno y los sindicatos están enfocados principalmente en reclasificaciones de los grupos intermedios (B, C1 y C2), en lugar de abordar las categorías más altas, como lo exige esta nueva ley. Diversas fuentes indican que la reestructuración del grupo B, y los pasos hacia la integración de los grupos C1 y C2, cuentan con más posibilidades de avanzar en el corto y mediano plazo. Entre los objetivos está facilitar el ascenso de técnicos superiores de formación profesional (FP) que actualmente se encuentran clasificados como C1, así como el reconocimiento de algunos C2 a C1.
Reivindicaciones claras de los sindicatos
Para UGT Servicios Públicos, la unificación del grupo A no es una prioridad en las negociaciones actuales. Sin embargo, sí sostienen que es urgente reconocer a los técnicos superiores de FP, quienes poseen una titulación superior pero están encuadrados en un grupo que ya no exige este nivel educativo. Esta problemática ha sido destacada por los funcionarios que se sienten desprovistos de valor profesional en el actual marco normativo.
El desarrollo del grupo B, que figura en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), sigue siendo una tarea pendiente desde el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado por el Gobierno y los sindicatos en 2022. A pesar de la finalización de su vigencia en diciembre de 2024, el acuerdo ha sido renovado y se espera que pronto se inicien reuniones que den marcha a las acciones necesarias.
Cambios en sectores clave: salud y administración
Los técnicos de laboratorio y radiología son el eje de estas discusiones. Estos profesionales sanitarios, en muchos casos catalogados erróneamente como C1, podrían beneficiarse de una reclasificación progresiva hacia el grupo B. Este proceso incluiría una modificación automática para aquellos que ya son técnicos y, posteriormente, oportunidades de ascenso basadas en experiencia y formación complementaria.
Además, se busca que los funcionarios C2, como los auxiliares de enfermería, puedan avanzar a técnicos de medios de FP (C1), ya que muchas convocatorias de empleo actual no requieren más que la titulación de Educación Secundaria Obligatoria.
Un llamado al cambio normativo
A medida que estas discusiones avanzan, ha surgido la propuesta de ley, motivada por la presión de los colectivos de enfermería y fisioterapia, quienes, a pesar de cumplir con el título requerido para ser A1, están clasificados en A2. Esto les impide acceder a puestos de investigación y gestión en hospitales.
Sin embargo, la idea de unificar los subgrupos A1 y A2 en un solo grupo A, con la opción de una categoría A plus para titulaciones más exigentes, ha generado escepticismo entre sindicatos y asociaciones. UGT ha expresado que esta medida no resolvería los problemas actuales y podría requerir un mayor presupuesto para las mejoras salariales.
A medida que la tramitación de esta norma avanza lentamente, diferentes grupos parlamentarios han manifestado que aún no es momento de pronunciarse.
La voz de los profesionales
La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha manifestado una fuerte oposición a la desaparición de los subgrupos A1 y A2. Argumentan que el texto legislativo disminuiría la cualificación de los funcionarios, ya que las exigencias de selección y las responsabilidades de los A1 son considerablemente más elevadas.
La discusión en torno a la clasificación de los funcionarios y justo reconocimiento de sus labores continúa siendo un tema crucial en el panorama laboral de España. La evolución de esta situación podría abrir nuevas oportunidades y desafíos para un sector vital en la vida pública del país.
