El intenso enfoque del Partido Popular (PP) hacia el Gobierno se ha vuelto más evidente ante el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Telefónica está negociando con los sindicatos. Este potencial ajuste laboral podría afectar a alrededor de 6.000 empleados, lo que representa aproximadamente el 24% de su plantilla. En respuesta a lo que consideran inacción gubernamental, el PP ha solicitado la aparición de Marc Murtra, presidente de la operadora, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso.
Revisión de la Estrategia de Telefónica
La razón detrás de esta solicitud es que Murtra explique el nuevo plan estratégico de Telefónica para el periodo 2026-2030. Este plan, cuya presentación tuvo lugar el 4 de noviembre, incluye un ambicioso esquema de eficiencia que pretende reducir costes en 2.300 millones de euros para 2028 y alcanzar unos 3.000 millones de euros en ahorros para finales de la década. Entre las medidas propuestas, destaca una reducción a la mitad del dividendo por acción para 2026, que pasaría a ser de 0,15 euros. El ERE afecta a siete sociedades del grupo, siendo la cifra definitiva de empleados despedidos sujeta a negociación.
Además de la petición para la comparecencia de Murtra, el PP ha registrado una serie de preguntas parlamentarias que el Gobierno deberá contestar por escrito. Estas interpelaciones están centradas en el despido masivo, con la intención de reavivar las tensiones dentro de la coalición gubernamental, que ha mostrado posturas variadas sobre este tema.
La Reacción del Gobierno
Por un lado, la parte socialista del Ejecutivo ha mantenido un bajo perfil, argumentando que la participación estatal del 10% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es insuficiente para influir en la gestión de la empresa. Sin embargo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no se ha quedado al margen. En una declaración del 25 de noviembre, calificó el ERE de «indecente», afirmando que no es lógico que una empresa con beneficios y participada con recursos públicos despida a miles de trabajadores.
Díaz ha enviado una carta a la presidenta de la SEPI expresando sus reservas ante la situación. El PP, por su parte, ha dirigido sus preguntas directamente a la ministra para cuestionar las acciones concretas que ha implementado su departamento para evitar los despidos. Exigen, además, saber si el Gobierno ha dado instrucciones al consejero Carlos Ocaña, que representa al Ejecutivo en el Consejo de Administración de Telefónica, para oponerse a los recortes.
Reflexionando sobre la Coherencia Gubernamental
La serie de preguntas formuladas por el PP culmina en una inquietante pregunta sobre la coherencia del Gobierno: “¿Cómo es posible que se plantee un despido masivo de miles de trabajadores en una empresa de cuyo Consejo de Administración forma parte el mismo Gobierno que afirma que la economía española va como un cohete?”.
Mientras el ERE avanza y las tensiones se intensifican, la situación de Telefónica y sus empleados continúa siendo un tema de candente actualidad, poniendo de relieve la compleja relación entre el sector público y el privado en tiempos de incertidumbre económica.
