El Gobierno ha lanzado a audiencia publica el anteproyecto de ley de ‘startup’, que contempla medidas como la reducción del impuesto de sociedades al quince %, exenciones fiscales para las ‘stock options» -entrega de acciones a los empleados como retribución- e incentivos para los nómadas digitales.
A partir de este instante se abre el procedimiento de información pública en el que van a poder aportarse observaciones con las que enriquecer y conformar el texto terminante que va a ser gestionado y aprobado.
Tras el Consejo de Ministros, en el que se ha dado el visto bueno al texto del anteproyecto, la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que la meta de esta ley es afianzar a España como un «hub» (centro) de atracción de empresas de esta clase en Europa.
El objetivo es el impulso de las ‘startups’ (empresas emergentes) en España, aparte de atraer inversión y talento al país.
Se consideran empresas emergentes, a aquellas con base tecnológica o pequeñas y medianas empresas renovadoras, con sede social en España, con más de la mitad de empleados en el país, con una antigüedad de hasta cinco años, prorrogables a 7 en el caso de determinados ámbitos, no ser cotizada, no repartir dividendos y facturar menos de cinco millones de euros.
Otros dos anteproyectos ya antes de agosto
Este anteproyecto se enmarca en el plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el como se incluyen otros dos, que el gobierno prevé sacar asimismo a audiencia pública antes que acabe este mes de julio: La ley de Creación y Crecimiento Empresarial, famosa como la Ley de Crea y Crece, y la reforma de la ley concursal, en el contexto de la Transposición de la directiva de dos mil diecinueve.
En cuanto al anteproyecto de Ley de ‘Startups’, ha explicado que este contempla un bulto de medidas que atienden a las especificidades de estas empresas, a través de beneficios fiscales, instrumentos de apoyo a la inversión, y asimismo a la atracción de talento.
Para ello, se quiere reducir el impuesto de sociedades a los residentes del veinticinco al quince% a lo largo de cuatro años máximo, postergar las deudas tributarias, aparte de exenciones tributarias para las opciones sobre acciones de la compañía, de forma que se aumente la cuantía máxima anual de doce euros a cuarenta y cinco.
Además, se crea un régimen tributario conveniente para los «nómadas digitales», esto es, para aquellas personas en trabajo a distancia que están apartadas en territorio de España, con la meta de que se relajen los requisitos para someterse al impuesto sobre la renta de no residentes.
En este contexto, se prevé la creación de un visado concreto para esta clase de trabajadores.
La deducción por inversión se eleva a cien euros
Además, para promover la inversión en ‘startups’, se eleva la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva creación de sesenta a cien euros anuales; al tiempo que el género de deducción pasa del treinta al cuarenta %.
En cuanto a los no residentes, se les suprimirá la obligación de realizar pagos fraccionados del impuesto de sociedades en el impuesto sobre la renta de no residentes, y se les suprimirá la obligación del número de identificación extranjero y les va a bastar el NIF.
También se va a facilitar la creación de espacios controlados de pruebas, aparte de la cooperación entre esta clase de empresas emergentes y grandes y pequeñas empresas, como centros universitarios.
