Alemania aborda con mesura el futuro de su sistema de pensiones en medio del desafío demográfico que enfrenta. Recientemente, el Bundestag aprobó un proyecto que pospone hasta 2031 cualquier recorte en el nivel medio de las pensiones y, a partir de entonces, establece una reducción más suavizada. Esta ley, diseñada para «estabilizar el nivel de las pensiones», recibió el respaldo de la derecha moderada y los socialdemócratas, mientras que la izquierda radical optó por la abstención.
Un paso significativo aunque polémico
La iniciativa, promovida por la coalición liderada por el canciller democristiano Friedrich Merz en asociación con el SPD, había generado tensiones internas y llevado al Gobierno al borde de una crisis. Las juventudes de la CDU, el partido de Merz, expresaron su descontento, argumentando que el enfoque actual no aborda la urgente necesidad de reformar el sistema en respuesta a la evolución demográfica, priorizando a las generaciones mayores sobre los más jóvenes.
Con 319 votos a favor, el llamado Rentenpaket —o «paquete de las pensiones»— logró la mayoría, superando en tres votos el mínimo requerido. El partido de extrema derecha AfD y Los Verdes se opusieron, mientras que 53 legisladores se abstuvieron, lo que prácticamente garantizó la aprobación.
La incertidumbre que se había acumulado días antes se desvaneció gracias a los votos de la coalición entre la CDU, su aliada bávara CSU y el SPD. Si un grupo de diputados democristianos hubiera votado en contra, hubiera puesto en jaque la propuesta y revelado debilidades en el Gobierno.
Una reforma en debate
El contrato de coalición firmado en abril estableció que el nivel de pensión se mantendría en un 48% del salario medio del país hasta 2031. Sin embargo, críticos argumentan que este estándar se sostiene artificialmente y que debería ajustarse a la baja, dado el cambio demográfico que presenta una población cada vez más envejecida.
El debate se ha centrado en el método de cálculo de las pensiones después de 2031: si seguirán basándose en el 48% o en el 47%, una cifra que reflejaría un ajuste necesario. Quienes abogan por un recorte más rápido argumentan que la estrategia actual podría costar al país hasta 120.000 millones de euros para 2040.
Aunque pueda parecer una cuestión técnica, el trasfondo de este conflicto tiene implicaciones profundas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y la equidad intergeneracional. En 1991, solo el 15% de la población alemana tenía más de 65 años, cifra que ha aumentado al 23% en la actualidad.
Voces disidentes en el Parlamento
Durante la discusión en el Bundestag, Pascal Redding, presidente del grupo de jóvenes diputados del CDU/CSU, advirtió que el cambio demográfico demandará atención inmediata y anunció que no respaldará la ley. Insistió en la necesidad de un verdadero cambio en las políticas de pensiones después de la votación.
El paquete de las pensiones incluye también otros aspectos como la ampliación de la pensión por maternidad, impulsada por la CSU, y la introducción de una pensión activa, que permite a los jubilados que deseen seguir activos laboralmente, ganar hasta 2.000 euros mensuales libres de impuestos. Adicionalmente, se implementará una ayuda estatal de 10 euros al mes para menores a partir de los 6 años, destinada a fomentar el ahorro para la jubilación.
A pesar de que el Consejo de Ministros adoptó la ley en agosto, la incertidumbre persistió hasta diciembre, no por la oposición, sino por la inquietud sobre la capacidad de Merz para ejecutar transformaciones en un contexto de estancamiento económico, crisis industrial y un creciente déficit.
