El reciente aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu, el innovador sistema de facturación electrónica diseñado para autónomos y empresas, ha generado un profundo malestar dentro de la Agencia Tributaria. Este cambio inesperado, que pospone un año los plazos para su implementación, ha dejado a muchos responsables técnicos confundidos y frustrados, ya que habían estado trabajando a fondo para el éxito del nuevo modelo.
Una voz destacada en este debate ha sido la de Javier Hurtado, inspector de Hacienda y parte del equipo encargado de coordinar el proyecto. A través de las redes sociales, Hurtado expresó su descontento: “Lamento profundamente el impacto que esto tiene en las empresas y profesionales que confiaron en nosotros”. Según él, la decisión de retrasar los plazos responde a «consideraciones ajenas al proyecto mismo».
Hurtado ha estado presente en numerosos encuentros para informar sobre los avances de Verifactu. Su última aparición fue justo un día antes del anuncio del retraso, en un evento organizado por las patronales CEOE y Cepyme junto con la asociación de autónomos ATA.
Originalmente, Verifactu estaba programado para entrar en funcionamiento el 1 de enero de 2026 para las grandes empresas y el 1 de julio de ese mismo año para autónomos y pymes, luego de una moratoria anterior. Sin embargo, con el fin de mejorar las relaciones políticas en el Congreso, el Gobierno decidió extender el plazo una vez más, lo que Hurtado califica como “un grave contratiempo en la transformación digital de la facturación”.
Bartolomé Borrego, también de la Agencia Tributaria, ha lamentado la falta de aviso sobre la nueva prórroga y se ha dirigido a todos aquellos involucrados en el desarrollo del sistema. Ambos profesionales resaltan que la decisión fue tomada en niveles superiores, sin incluir a quienes trabajan directamente en el proyecto, asegurando que la infraestructura ya estaba lista: más de 40,000 empresas habían comenzado a enviar sus datos con éxito.
Es fundamental destacar que este aplazamiento no implica la cancelación del sistema, sino un simple retraso. Borrego anima a aquellos que ya habían iniciado el proceso de digitalización, advirtiendo que tienen la ventaja competitiva al estar preparados para futuros cambios normativos.
El descontento también ha llegado desde el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, que critica la falta de comunicación del ministerio sobre el aplazamiento, dado que los técnicos son responsables de la gestión de Verifactu. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha manifestado su desacuerdo, atribuyendo la decisión a presiones políticas externas.
Reacciones de los Asesores Fiscales
El clima de frustración se extiende a los profesionales del sector fiscal. Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), advierte que la decisión, tomada tan tarde, complica la planificación de muchas empresas que ya habían invertido en recursos y tecnologías en base a los plazos iniciales. Aunque el aplazamiento ofrece un respiro a algunos, también implica reprogramar sus tareas y asumir costos inesperados.
Samuel Cruz, decano del Colegio de Titulados Mercantiles de Santa Cruz de Tenerife, critica que aquellos que cumplieron a tiempo puedan sentirse penalizados por el nuevo retraso, enfatizando que la implementación de Verifactu es crucial en la lucha contra el fraude fiscal. También recomienda a quienes ya habían comenzado el proceso, que lo terminen, ya que estos cambios se encuentran en un decreto ley amplio que podría verse afectado en el Congreso.
Este decreto no solo abarca la prórroga de Verifactu, sino que también incluye medidas relacionadas con el superávit del 2024 destinado a inversiones en vivienda y la transferencia de competencias a la Generalitat de Cataluña.
La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) comparte la inquietud de sus colegas, afirmando que el aplazamiento, anunciado un mes antes de su entrada en vigor, refleja una falta de planificación por parte de la administración. Destacan que muchas empresas ya habían realizado significativas inversiones tecnológicas y capacitación para cumplir con la normativa.
Este retraso no solo crea incertidumbre, sino que envía un mensaje desalentador a quienes ya se habían preparado, lo que podría hacer sentir que su esfuerzo ha sido en vano. AEDAF aboga por una política fiscal más coherente y realista, compatible con las necesidades de adaptación tecnológica que demanda un cambio tan significativo como el que representa Verifactu.
