Durante la pandemia, muchos de nosotros fuimos testigos de lo que parecía ser un cambio radical en la forma en que trabajamos. La transición masiva al teletrabajo hizo que millones de empleados dejaran atrás las estrictas rutinas de oficina, abriendo un mundo de posibilidades. Sin embargo, cinco años más tarde, solo el 7,8% de los trabajadores desempeña su labor de forma habitual desde casa, un número inferior al de 2020 y muy lejos del 33,5% que podría tener esta opción. Mientras que algunas grandes compañías como Amazon y Meta están retomando la presencialidad, las demandas por el derecho al teletrabajo siguen luchando por ser escuchadas.
En 2021, España dio un paso importante al formalizar las condiciones del trabajo remoto a través de la ley 10/2021. Esta normativa busca fomentar un acuerdo entre empleadores y empleados y establece la compensación de gastos si el trabajo remoto excede el 30% de la jornada en un periodo de tres meses. A pesar de esto, el teletrabajo en el país se limita a una media de tres días a la semana.
Un modelo interesante surgió en Países Bajos con la propuesta conocida como Wet werken waar je wilt, o ley «trabaja desde donde quieras». Aunque fue aprobada por la Cámara de Representantes en 2022, el Senado la rechazó en 2023. Esta norma pretendía permitir a los empleados solicitar trabajar exclusivamente desde casa, con la empresa pudiendo negar la petición solo por razones justificadas. Inversamente, las empresas debían aceptar las solicitudes para trabajar en sus instalaciones. Este modelo principalmente habría beneficiado a las compañías que cuentan con al menos 10 empleados.
El establecimiento del derecho al teletrabajo en España, al igual que la flexibilidad horaria planteada en la propuesta neerlandesa, podría ser transformador, similar a la esperada reducción de la jornada laboral. Potenciaría la conciliación entre lo personal y lo profesional, mejorando el bienestar general de los trabajadores.
Sin embargo, algunas investigaciones sugieren que no ir a la oficina podría perjudicar a los jóvenes en sus carreras y limitar sus oportunidades de ascenso. Esto podría deberse a que el cambio brusco hacia el teletrabajo durante la pandemia careció de la planificación adecuada. Aunque estos estudios reflejan contextos específicos, también subrayan la importancia de la interacción física en el ámbito laboral, esencial para fomentar la innovación.
Por otro lado, el teletrabajo también ha puesto de manifiesto desigualdades en el acceso. En España, algo más del 50% de los trabajadores con formación universitaria tiene opción de teletrabajo, mientras que menos del 8% de aquellos con menor formación pueden hacerlo. Además, los trabajadores con mayores ingresos son casi el doble de propensos a tener acceso al trabajo remoto.
Curiosamente, el 66,5% de los ocupados que no pueden teletrabajar también se verían beneficiados indirectamente. Si solo una pequeña fracción de los cuatro millones de empleados que podrían optar por el teletrabajo se mudaran de las grandes ciudades, esto podría aliviar el tráfico, reducir la saturación del transporte público, disminuir las emisiones de gases contaminantes y mejorar la calidad del aire. Este cambio también podría contribuir a mitigar la presión sobre los precios de la vivienda en las áreas urbanas, propiciando una distribución poblacional más equilibrada en todo el país.
La reivindicación del derecho al teletrabajo se vuelve crucial en un contexto donde, a pesar del dinamismo económico que vive España, los jóvenes enfrentan serias dificultades como el acceso a la vivienda y condiciones laborales precarias. Muchos temen que su calidad de vida sea inferior a la de sus padres. En este escenario, promover el teletrabajo podría ser una de las piedras angulares para reconstruir la esperanza y el optimismo en las futuras generaciones.
Andoni Montes es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid.
