En un reciente encuentro en el Parlamento, donde se congregaron alrededor de 60 eurodiputados, asesores de diferentes comisiones parlamentarias y representantes de asociaciones industriales europeas, la eurodiputada del Partido Popular, Susana Solís Pérez, abrió el diálogo sobre este importante tema.
Durante su intervención, Solís destacó que «el diseño actual del CBAM no se adapta a la realidad del aluminio» y enfatizó que «no existe una solución única aplicable a todos los sectores». Propuso, en su lugar, la necesidad de «reconocer las particularidades de esta industria y ajustar el mecanismo para salvaguardar la competitividad y los empleos, sin dejar de lado los objetivos climáticos».
La AEA ha enfatizado que los aranceles climáticos podrían ejercer un «impacto regulatorio desproporcionado», al imponer costes adicionales que no diferencian la trazabilidad ni el contenido reciclado del material utilizado en la producción. Además, critican la falta de incentivos fiscales, indicando que el actual diseño penaliza a las empresas más sostenibles en lugar de fomentar inversiones en tecnologías verdes.
Por si fuera poco, se estima que este enfoque podría dar lugar a un «riesgo de sobrecoste estructural» que podría alcanzar los 11.000 millones de euros anuales en el total de las industrias transformadoras de Europa.
