El Ministerio de Trabajo ha dado un giro decisivo en las negociaciones sobre la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales. Tras 21 meses de diálogo con las patronales CEOE y Cepyme, el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, ha expresado su profundo descontento con la actitud de estas organizaciones, a las que acusa de dilatar el proceso de manera “desleal” y de esperar un posible cambio de gobierno.
Una Lucha por la Seguridad Laboral
Pérez Rey no ha escatimado en palabras al criticar a las entidades empresariales, afirmando que su postura es inaceptable especialmente cuando se considera que cada año más de 800 personas pierden la vida en accidentes laborales. “Hablamos de la vida y la salud de muchas personas. Este cambio normativo es imprescindible”, comentó.
En esta línea, Pérez Rey también recordó el acuerdo alcanzado en 2023 con sindicatos y patronales en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, y subrayó que la nueva reforma debe alinearse con esos avances. Sin embargo, la patronal ha calificado la propuesta del Ministerio como “burocrática”, negándose a incluir temas como el cambio climático y la salud mental, dos aspectos que, según el secretario, son críticos en el contexto actual.
Demandas de las Patronales
A su vez, CEOE y Cepyme emitieron un comunicado en el que lamentan que el Ministerio haya decidido continuar las negociaciones exclusivamente con los sindicatos. Las patronales también se defienden alegando que se está utilizando el trágico fallecimiento de trabajadores para incriminar a las empresas. En respuesta, han solicitado un diálogo “real y efectivo”, señalando que la imposición de medidas únicamente acordadas con los sindicatos podría perjudicar tanto a empresas como a trabajadores.
La Urgencia de Cambio
Pérez Rey ha señalado su intención de lograr un acuerdo con los sindicatos antes de finalizar el año. Aunque el Ministerio está preparado para impulsar algunas reformas por decreto, se busca también el apoyo parlamentario para asegurar una reforma integral. Sin embargo, el panorama se complica ante la reciente negativa del Congreso a aprobar cambios clave, como la reducción de la jornada laboral a 37.5 horas semanales.
Por su parte, los sindicatos UGT y CC OO han expresado su frustración por la falta de acuerdo. Patricia Ruiz, de UGT, subrayó que el foco debe estar en proteger la salud y la vida de los trabajadores, un mensaje que, según ella, no ha resonado todavía con suficiente fuerza en la sociedad.
Propuestas del Ministerio
Entre las innovaciones que plantea el Ministerio se incluyen la creación de la figura del “agente territorial de prevención”: un encargado de supervisar los riesgos laborales en pequeñas empresas con menos de diez empleados, un sector donde se concentran muchos accidentes. Además, aquellos negocios con más de 300 trabajadores deberán contar con un servicio de prevención propio, una reducción significativa respecto al umbral anterior de 500.
Otros elementos destacados de la propuesta abarcan una mayor atención a los riesgos psicosociales, la crisis climática, y la inclusión de perspectivas de género y edad en la normativa. Asimismo, se reafirma el derecho a la desconexión digital y se establece que un empresario solo podrá gestionar la prevención directamente si tiene diez empleados o menos, en lugar de 25.
Reflexión Final
La situación actual resalta la necesidad de un compromiso renovado entre patronales y sindicatos para salvaguardar la seguridad y bienestar de los trabajadores. A medida que las negociaciones continúan, la sociedad observa atentamente la evolución de un debate crucial que impacta no solo a los trabajadores, sino también al futuro del entorno laboral en España.
