Vivir de alquiler se ha convertido en una realidad para muchos, impulsada por la innegable presión económica. Comprar una casa representa una inversión monumental que requiere no solo un ahorro considerable para la entrada, sino también una estabilidad financiera que garantice la obtención de una hipoteca. Por ello, un gran número de personas se ve forzado a optar por el arrendamiento, creando una brecha social con aquellos que tienen los recursos para ser propietarios. Según un reciente estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), impactante es el dato de que el 80% de los inquilinos no prevé abandonar su condición de arrendatario, al no esperar heredar una propiedad.
El aumento del alquiler a nivel global
La tendencia de vivir de alquiler ha alcanzado cifras récord en numerosas ciudades del mundo. Aunque en España apenas el 10% del total del parque residencial corresponde a arrendamientos, el panorama difiere notablemente en destinos como Lisboa y Buenos Aires, donde el fenómeno se ha intensificado. En la capital argentina, el número de inquilinos se ha triplicado desde 2001, mientras que en Lisboa, este sector experimentó un repunte significativo en 2021, el primero desde 1960. En el caso de Madrid y Barcelona, el aumento ha sido constante desde 2007, siendo Barcelona la que ostenta el mayor porcentaje de inquilinos.
Estos cambios no son solo cifras; reflejan transformaciones profundas en la estructura social. El estudio del IDRA subraya que la crisis de la vivienda no es exclusiva de un país y que no se limita solamente a la falta de oferta. Más personas viven alquiladas, y lo hacen en un entorno de precariedad económica y desigualdad patrimonial.
Realidades del alquiler: desventajas y desafíos
Ser inquilino a menudo se convierte en una decisión forzada. Un 30% a un 44% de quienes se mudaron recientemente lo hicieron debido a dificultades financieras o la finalización de sus contratos. Además, aproximadamente un tercio de los arrendatarios cree que, en el próximo año, también tendrán que cambiar de vivienda. Curiosamente, seis de cada diez inquilinos llevan menos de cinco años en su hogar actual.
Este contexto reafirma que el alquiler se ha erigido como un factor de desigualdad urbana. «Sin las protecciones adecuadas, el crecimiento del alquiler ha profundizado las desigualdades sociales, dejando a muchos en condiciones de vulnerabilidad», alertan los investigadores Marta Ill-Raga, Pablo Pérez y Jaime Palomera.
La carga económica del alquiler
El estrés financiero que conlleva el alquiler es significativo. En Madrid, se registró un aumento del esfuerzo económico, que pasó de un 42% en contratos firmados antes de 2018 a un 53% en 2023. Barcelona, aunque con un incremento más moderado, también experimentó un aumento, del 52% al 56% entre 2017 y 2022.
Ocho de cada diez inquilinos en estas ciudades admiten sufrir grandes deficiencias en sus viviendas, las cuales incluyen mal aislamiento térmico y acústico, así como la falta de calefacción en un parque habitacional envejecido.
Un aspecto crucial en la perpetuación de la desigualdad es la escasa disponibilidad de viviendas protegidas. En Madrid y Barcelona, solo un 7% y un 9% del total de viviendas están dedicadas al alquiler asequible. Este fenómeno es agravado por la extinción paulatina de contratos de renta antigua y la inestabilidad laboral de algunos inquilinos.
Falta de transparencia en el mercado
Otro hallazgo relevante del estudio es la falta de transparencia entre arrendatarios y propietarios. En Barcelona, un 17% de los inquilinos desconoce quién es su propietario, mientras que en Madrid la cifra se sitúa en un 8.2%. Las interacciones mediadas por inmobiliarias también complican la situación, con un 24.1% de inquilinos en Barcelona y un 18.8% en Madrid sin información sobre sus caseros.
Este vacío informativo se traduce en una menor satisfacción entre los arrendatarios, quienes están más expuestos a abusos, incrementos en el alquiler y una sensación constante de inestabilidad.
Caminos hacia una solución
Para abordar esta problemática, los autores del estudio proponen diversas estrategias. Abogan por una mayor protección de los inquilinos, incluyendo contratos sin una fecha de finalización definida, la prohibición de la compra especulativa de viviendas, y la ampliación de la oferta de vivienda pública para alquiler a perpetuidad. También sugieren gravar progresivamente la propiedad inmobiliaria y establecer impuestos a las viviendas vacías.
La situación del alquiler necesita ser revisada a fondo para garantizar el derecho a una vivienda digna y proteger a aquellos que han hecho del arrendamiento su hogar. La voz de los inquilinos debe ser escuchada y las políticas deben evolucionar para adaptarse a su realidad.
