El Tribunal Supremo está listo para retomar un asunto que ha generado controversia entre las gasolineras y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debido a un acuerdo de precios que tuvo lugar entre 2011 y 2013. La empresa Galp, una de las afectadas por las sanciones, ha solicitado que el alto tribunal le brinde el mismo trato que a otras compañías multadas, como Repsol y Cepsa, que lograron evitar el pago de sanciones por un total de 30 millones de euros. Galp argumenta que la nulidad de las sanciones debería aplicarse a todas las empresas involucradas, ya que son «parte afectada».
Un precedente jurídico importante
En 2022, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo emitió dos fallos que favorecieron a Repsol y a la anterior Cepsa, anulando las sanciones impuestas en 2015 por la CNMC. Los magistrados consideraron que el procedimiento había caducado, sin entrar en el fondo del asunto sobre si las compañías habían incurrido en prácticas desleales relacionadas con precios. De esta manera, las multas a estas dos grandes petroleras quedaron sin efecto por razones formales.
Ahora, Galp intenta que esta decisión se extienda a su situación sin entrar a valorar si realmente existieron las prácticas prohibidas. La firma portuguesa sostiene que resulta injusto que un mismo proceso se declare inválido para algunos y no para otros, alegando que tal nulidad debería ser aplicable de manera uniforme.
Reacción ante la justicia
Aunque Galp presentó sus argumentos ante la Audiencia Nacional, este tribunal decidió en julio de 2023 que no había lugar para lo solicitado, ya que la decisión del Supremo se refería exclusivamente a otras empresas. Sin embargo, Galp opina que este razonamiento infringe la ley de procedimientos contenciosos-administrativos, que establece que los efectos positivos de una resolución judicial deben beneficiarse a todos los afectados por el fallo. Cabe mencionar que la filial española de Galp fue multada con 800.000 euros, derivado del mismo expediente de la CNMC.
Una nueva jurisprudencia en camino
El Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso de Galp el pasado 5 de noviembre, con el objetivo de crear un nuevo marco jurídico sobre la extensión de sus fallos a otros afectados en futuros procedimientos. Según los magistrados, esto busca «aclarar, matizar, reforzar y, si es necesario, corregir» la doctrina establecida anteriormente.
La CNMC inició un expediente en julio de 2013 que culminó en febrero de 2015, imponiendo multas totales de 32,4 millones de euros a cinco petroleras. La controversia se centra en la suspensión del procedimiento, que se prolongó durante 26 días para permitir que la CNMC enviara información a la Comisión Europea. El Tribunal Supremo argumentó que esto excedió los plazos establecidos para la resolución de expedientes, lo que generó un importante debate sobre los términos de estos plazos.
El Tribunal determinó que el plazo de caducidad de 18 meses, según la Ley de Defensa de la Competencia de 2007, se había superado, y esta normativa fue actualizada en 2023, aumentando el periodo a 24 meses. Con esta revisión, el Tribunal Supremo se posiciona para enfrentar un tema que podría tener un impacto significativo en el sector energético y en la forma en que se imponen las sanciones en el futuro.
